Los abogados de los acusados han confirmado que sus defendidos han sido condenados a muerte.
Badie y los otros 682 seguidores del presidente depuesto de Egipto, Mohamed Mursi, han sido conenados por un ataque contra una comisaria registrado en 2013.
El mismo tribunal ha conmutado la pena de muerte impuesta en marzo a otros 529 acusados por cadena perpetua.
La denuncia de Human Rights Watch
La sentencia coincide con el informe de Human Rights Watch (HRW) que pide al gobierno egipcio revisar el proyecto de ley antiterrorista por considerar que el texto actual no respeta el derecho a la vida a los derechos fundamentales garantizados por la Constitución del país.
La voz de alarma saltó el pasado 14 de abril, cuando el presidente interino del país, Adli Mansur, presentó ante el Ministerio de Justicia varias enmiendas al proyecto de ley antiterrorista que HRW considera excesivamente amplías y poco definidas, lo que incrementaría el poder de las fuerzas de seguridad a la hora de detener y espiar a ciudadanos egipcios.
"Los ataques terroristas son una verdadera amenaza a la seguridad en Egipto, pero pisotear los Derechos Humanos no hará que el país sea más seguro", ha declarado el subdirector para Oriente Próximo y Norte de África de HRW, Joe Stork. "El respeto a los Derechos Humanos tiene que estar en el corazón de la lucha contra el terrorismo", ha añadido.
El proyecto presentado por Adli Mansur cuenta con enmiendas a 17 artículos del Código Penal en los que se define el terrorismo para incluir acciones que puedan "obstruir" el trabajo de empleados públicos o en el ámbito educativo, religioso o político, entre las que se encuentran huelgas laborales o manifestaciones pacíficas.
HRW ha denunciado que la nueva definición de terrorismo, excesivamente amplia, viola el derecho constitucional de libre asociación y reunión.
Esta modificación podría acarrear la pena de muerte para las personas que sean encontradas culpables de liderar o administrar cualquier grupo calificado de terrorista.