El acuerdo, alcanzado en enero, contemplaba que Volkswagen se declarara culpable de tres cargos: conspiración para defraudar a los clientes estadounidenses y violar las leyes ambientales, obstrucción de la justicia al destruir documentos relacionados con el escándalo e importación de automóviles con declaraciones falsas.
El pacto establecía que la automotriz deberá pagar una multa de 2.800 millones de dólares por los delitos cometidos y 1.500 millones de dólares por demandas civiles.
Además, Volkswagen estará bajo 'libertad condicional' durante tres años, se someterá a un monitoreo de ética y de cumplimiento independiente y cooperará con la investigación en curso sobre los individuos responsables del fraude.
La Justicia estadounidense quiere demandar a varios ejecutivos de Volkswagen por su participación en el escándalo. La mayoría vive en Alemania, por lo que no podrán ser extraditados a Estados Unidos.
En septiembre de 2015, después de haber sido acusada por las autoridades medioambientales estadounidenses, Volkswagen admitió que manipuló el sistema de control de emisiones de gases contaminantes en casi 600.000 vehículos diésel para cumplir con las regulaciones locales.