Las manifestaciones se iniciaron en respuesta a los planes del Gobierno de expandir el control administrativo de la capital, Addis Abeba, a las áreas de la región federal de Oromia, si bien finalmente tuvo que dar marcha atrás.
En su informe, HRW aseguró que en las últimas semanas las protestas han disminuido, si bien recalcó que "la represión continúa". "Han llegado informes casi diarios de asesinatos y arrestos arbitrarios desde el inicio de 2016", dijo.
Sin embargo, el ministro de Comunicaciones, Getachew Reda, ha manifestado que es "un golpe de magia" que la ONG haya publicado un informe "desde la otra punta del mundo", según ha informado la cadena de televisión británica BBC.
Así, y tras reconocer que ha habido incidentes, ha afirmado que grupos armados atacaron edificios públicos "para intentar azuzar las emociones del público", tildando de "mentira total" el informe de HRW.
Según la ley etíope, el Estado es el propietario último de todos los terrenos, por lo que en la práctica no habría compradores sino arrendatarios. Las autoridades alegaban que los cambios que querían hacer en torno a Addis Abeba servirían para crear una nueva zona de inversión y construir infraestructuras.
Quienes se oponen al plan, en cambio, temían la expropiación indiscriminada de terrenos, toda vez que en anteriores ocasiones el Gobierno ya se ha incautado de propiedades sin consentimiento o sin compensar adecuadamente a los damnificados.