El acuerdo, que busca en última instancia mejorar el conocimiento público del proceso legislativo europeo y mejorar su calidad, también contempla evaluaciones más completas y equilibradas sobre el impacto de las normas en preparación en términos económicos, medioambientales y sociales y donde sea posible también de la carga administrativa que conllevarían y para la competitividad, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.
A petición de la Eurocámara, el Ejecutivo comunitario se ha comprometido a elaborar una encuesta anual sobre el coste y beneficio de la normativa, especialmente para las PYMES. Las evaluaciones también deberán estimar el coste de 'la no Europa', es decir, de tener Veintiocho legislaciones diferentes, así como aspectos digitales y regionales.
Los Veintiocho y la Eurocámara acordarán con la Comisión Europea las prioridades al principio de la legislatura para todo el mandato y a nivel anual y también contemplan aumentar la transparencia en la elaboración de las normas, incluido dejando claro qué parte de las normativas se acuerdan, qué partes incorporan los Estados miembros bajo su propia iniciativa y más transparencia en las negociaciones entre las tres instituciones, conocidas como los trílogos. Y se creará una base de datos conjunta para poder conocer el estado de las legislaciones en curso.
"El nuevo acuerdo interinstitucional será una herramienta importante para establecer y desarrollar una relación nueva, más abierta y transparente entre las instituciones con vistas a garantizar una mejor elaboración de las normas en el interés de los ciudadanos de la Unión", ha dicho la ponente responsable del acuerdo en la Eurocámara y excomisaria 'popular' polaca, Danuta Hübner.