Príncipe se ha referido al documento enviado el 10 de junio por el Consejo de Defensa Jurídica a los defensores del Estado para advertirles de que pueden ser sancionados si dan declaraciones a la prensa sin autorización previa.
La representante del Ministerio Público ha considerado que este escrito obedece a sus recientes declaraciones sobre la investigación a Heredia por supuestamente blanquear capitales en compras realizadas en el extranjero.
"No entiendo si será venganza o no. Lo concreto es que se me cursó ese oficio", ha dicho, explicando que es la primera vez en sus 12 años de carrera profesional que recibe una advertencia similar, según ha informado el diario 'Perú21'.
A este respecto ha subrayado que nadie la ha alertado por hacer declaraciones sobre los casos que afectan al ex asesor presidencial Martín Belaunde, al ex mandatario Alejandro Toledo o al ex director de la Federación Peruana de Fútbol Manuel Burga.
LAS COMPRAS DE HEREDIA
La primera dama ha recuperado la atención mediática de la que había conseguido desprenderse temporalmente por las compras por valor de 38.000 dólares que ha hecho estos años en sus viajes al extranjero aprovechando el cargo.
Heredia ha argumentado que las compras eran en realidad para su íntima amiga Rocío Calderón y que, por tanto, se hicieron con una tarjeta de crédito a nombre de ésta última, descartando cualquier gasto suntuario a cargo de la Presidencia.
"Esa tarjeta de crédito fue sacada inicialmente para un encargo de Rocío que luego se convirtieron en varios y también fue utilizada para compras mías. Se generaron gastos de Rocío y míos (...) pero más o menos el 70 por ciento eran de ella", explicó a RPP.
Además, aprovechó para aclarar que "el Estado actualmente no tiene ningún tipo de asignación para cubrir gastos de vestuario y otros afines para la esposa del presidente", por lo que se los costea ella. "Ningún dinero público es utilizado en mi arreglo personal", ha afirmado.
También estaba siendo investigada por el dinero recibido de Venezuela y por sus vínculos con Belaunde --sospechoso de conseguir contratos públicos de forma irregular-- pero la Fiscalía ha decidido suspender estas pesquisas.