"Aquellos lamentables y condenables hechos en los que fallecieron 37 personas, nacionales de ambos países, incluyendo siete funcionarios y empleados públicos de la propia Embajada, constituyeron*una flagrante violación de la inmunidad diplomática de la representación española en Guatemala", ha recordado el Ejecutivo a través de un comunicado del Ministerio de Exteriores.
Así, tras mostrarse satisfecho de que la justicia guatemalteca vaya a juzgar los hechos, "haya transcurrido tanto tiempo desde que los hechos ocurrieron", ha confiado en que "pueda esclarecerse lo sucedido, condenarse a los eventuales culpables que hayan sido procesados, se dignifique la memoria de los fallecidos y se repare a las víctimas y a sus familiares".
El departamento que dirige José Manuel García-Margallo ha aclarado que el Gobierno español seguirá a través de su Embajada en el país el desarrollo del proceso.