En su informe, la ONG ha afirmado que las medidas aplicadas por las autoridades han creado dificultades económicas, han estigmatizado a los que han sido objetivos de las mismas y han traumatizado a los niños.
Así, ha asegurado haber entrevistado a 18 personas que han dicho haber sido sometidas a cacheos abusivos o haber sido puestas bajo arresto domiciliario, así como a activistas pro Derechos Humanos y abogados que trabajan en las zonas afectadas.
Los entrevistados han relatado que la Policía ha irrumpido en casas, restaurantes y mezquitas, ha roto sus pertenencias, ha asustado a los niños y ha puesto restricciones de movimiento que han provocado daños físicos o pérdidas económicas.
"Francia tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad pública y de intentar evitar nuevos ataques, pero la Policía ha utilizado sus nuevos poderes de emergencia de forma abusiva, discriminatoria e injustificada", ha dicho Izza Leghtas, investigadora de HRW para Europa Occidental.
"Estos abusos han traumatizado a familias y han dañado reputaciones, dejando a las víctimas sintiéndose como ciudadanos de segunda clase", ha agregado, según el comunicado publicado por la organización.
HRW ha resaltado que, en una de las redadas, los agentes rompieron cuatro dientes a un hombre discapacitado antes de darse cuenta de que no era la persona a la que estaban buscando.
El ministro del Interior de Francia, Bernard Cazeneuve, ha asegurado que los poderes extraordinarios, que permiten a la Policía realizar registros y poner a la gente bajo arresto domiciliario sin un fallo judicial, "no significan abandonar el Estado de Derecho".
MÁS DE 3.200 REDADAS Y CINCO INVESTIGACIONES
La ONG ha puntualizado que las autoridades han llevado a cabo más de 3.200 redadas y han puesto a entre 350 y 400 personas bajo arresto domiciliario desde la aplicación del estado de emergencia a consecuencia de los atentados ejecutados en París en noviembre de 2015.
Sin embargo, la unidad antiterrorista de la Fiscalía de París únicamente ha abierto cinco investigaciones relacionadas con terrorismo desde entonces, pese a lo cual el Gobierno ha adelantado que pedirá al Parlamento que renueve el estado de emergencia otros tres meses.
Por otra parte, HRW ha advertido contra los intentos del Gobierno de aprobar un paquete que incluiría algunas de las cláusulas del estado de emergencia en la Constitución.
El defensor del pueblo francés, Jacques Toubon, ha afirmado que ha recibido unas 40 quejas por la actuación de las fuerzas de seguridad, reconociendo que, si bien las medidas no van contra un grupo particular, "en realidad están dirigidas a un movimiento específico y a los musulmanes practicantes".
"Eso podría llevar a un sentimiento de injusticia o de desafío hacia las autoridades", ha lamentado. HRW ha indicado que la inmensa mayoría de los que han sido puestos bajo arresto domiciliario o han sufrido registros son musulmanes y personas de ascendencia magrebí.
Por ello, Leghtas ha dicho que "en un contexto de creciente islamofobia, el Gobierno francés debería garantizar a los musulmanes que no son sospechosos por su religión o su etnia".
"La libertad, la igualdad y la fraternidad han sido dañadas gravemente en las semanas posteriores a los ataques de noviembre. Francia debe cumplir estas palabras y restaurar su significado", ha remachado.