El Tribunal Superior de Lahore (este) ordenó la liberación del líder de la proscrita organización Jamaat-ud-Dawa (JuD), Hafiz Mohamed Said, quien había presentado ante la corte un recurso de hábeas corpus y llevaba casi seis meses bajo arresto domiciliario.
El JuD fue acusado tanto por la India como por EEUU de ser la tapadera benéfica y educativa del grupo islamista cachemir Lashkar-e-Toiba (LeT), con base en Pakistán, que fue fundado por el mismo Said.
La India responsabilizó enseguida al LeT del atentado de Bombay, algo que también admitió Pakistán meses después.
"Todo ha sido propaganda de la India", dijo un exultante Said tras conocer la decisión judicial, según los medios paquistaníes.
El clérigo aseguró que la orden constituye el "primer éxito" del JuD y alegó que Pakistán actuó bajo presión de EEUU para hallar "inexistentes" vínculos de su organización con la red terrorista Al Qaeda.
La India, que había pedido la entrega de decenas de supuestos terroristas a su potencia nuclear vecina tras el atentado de Bombay -entre ellos el propio Said-, dudó hoy de la "sinceridad" de Pakistán en la lucha contra el terrorismo.
"Estamos decepcionados con la liberación de Hafiz Said", reaccionó el Ministerio indio de Exteriores en un comunicado.
Tras recordar que la ONU considera al LeT y al JuD grupos terroristas, Nueva Delhi aseguró que la orden judicial "genera serias dudas sobre la sinceridad de Pakistán" en su investigación sobre Bombay y en su acción contra "grupos e individuos terroristas que operan en su territorio".
Se trata del primer encontronazo diplomático entre ambos países desde que el pasado 22 de mayo se formara un nuevo Gobierno en la India tras la victoria electoral del Partido del Congreso.
Sin embargo, por el momento el Gobierno paquistaní no se ha pronunciado de forma oficial sobre la orden judicial.
Consultado por Efe, el portavoz paquistaní de Exteriores, Abdul Basit, explicó que su Gobierno está estudiando la sentencia, pero evitó hacer comentarios al respecto y se limitó a reconocer que "es un asunto de preocupación para Pakistán".
Said había sido puesto bajo arresto domiciliario el 11 de diciembre de 2008 tras una redada de las fuerzas de seguridad paquistaníes contra oficinas y centros del JuD, poco después de que el grupo fuera incluido en la lista de organizaciones terroristas de la ONU y proscrito por el Gobierno paquistaní.
El abogado Chaudhry Ikran expuso a Efe que, "guste o no", se trata de un veredicto "independiente" y añadió que "el Gobierno tuvo muchos meses para presentar pruebas contra Said y no lo hizo".
"La ley es muy clara. Si arrestas a alguien tienes que dar razones que justifiquen la detención. La judicatura ha actuado de manera independiente, respetando la ley y la Constitución", subrayó el letrado.
El veredicto coincidió hoy con un mensaje del primer ministro paquistaní, Yusuf Razá Guilani, quien invitó a la India a retomar el proceso de diálogo entre ambos países, interrumpido tras el atentado de Bombay, y aseguró que resolver la disputa por Cachemira es "la llave para una paz duradera en la región".
"Pakistán extiende su apoyo político, moral y diplomático al pueblo cachemir en su derecho a la autodeterminación", expuso Guilani, quien agregó que Islamabad espera que "las fuerzas de ocupación indias dejen de cometer abusos de los derechos humanos" en el lado indio de Cachemira.
"Pakistán quisiera iniciar un diálogo constructivo y decidido con la India para resolver" la disputa por Cachemira, resumió Guilani en un comunicado difundido por su oficina.
El analista Humayun Khan, del "think tank" Instituto de Estudios Estratégicos de Pakistán, opinó que las palabras de Guilani "forman parte del proceso de regateo político" tras la formación de un nuevo Gobierno en la India, que acostumbra a rehuir las discusiones sobre Cachemira.
"Es el momento para sacar a colación esta demanda. Pakistán aprovecha que ahora está combatiendo a los talibanes en (el valle de) Swat para decir claro a la comunidad internacional que hay que resolver este otro asunto", razonó Khan.
Las rondas de diálogo que mantenían las dos potencias nucleares del sur de Asia desde 2004, centradas en la cooperación económica, el terrorismo, Cachemira y otras disputas territoriales, se vieron interrumpidas tras el atentado en la capital financiera india.