La tipificación de la inmigración ilegal como delito prevé el arresto en flagrancia, un juicio rápido y una pena que va de seis meses a cuatro años de cárcel.
Un 63% de los encuestados se manifestó a favor de que los ciudadanos comunitarios puedan permanecer en el país más de tres meses sólo si demuestran que tienen ingresos suficientes procedentes de una actividad lícita e informan de su presencia con nombre y domicilio.
La posibilidad de alejar a los inmigrantes, incluso de la Unión Europea, por "motivos imperativos de seguridad pública", si han tenido comportamientos que suponen "una amenaza concreta, grave y efectiva" o no han notificado su presencia, cuenta con el visto bueno de un 61% de los entrevistados.
Agravante por ser inmigrante
En cuanto a las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros como decreto ley, un 76% apoya que ser inmigrante clandestino se considere un agravante cuando se comete un delito, con un aumento de la pena en un tercio.
De todas la medias aprobadas en materia de seguridad, la que logra mayor apoyo, un 89%, es la de establecer de tres a diez años de cárcel para quien causa accidentes mortales conduciendo bajo los efectos de drogas o alcohol. RSO