En una carta, Al Jarba ha instado al Consejo de Seguridad a "autorizar el uso de todas las medidas necesarias para garantizar que cualquier incumplimiento tendrá graves consecuencias, como las contempladas en el capítulo siete de la Carta de Naciones Unidas".
"Sin las necesarias salvaguardas, el régimen de Al Assad seguirá intentando retrasar y obstruir el trabajo de los inspectores de la ONU sobre sus armas químicas", ha argumentado, de acuerdo con el comunicado difundido por la CNFORS a través de la red social Facebook.
Además, ha anunciado "el compromiso de la CNFORS de continuar cooperando con Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en el proceso de desmantelamiento del programa de armas químicas de Siria, incluidos los trabajos destinados a garantizar su seguridad".
Al Jarba también ha pedido al Consejo de Seguridad "que aproveche las actuales discusiones sobre las armas químicas de Siria como una oportunidad para poner fin al conflicto armado".
A este respecto, le ha urgido a apoyar la Declaración de Ginebra, adoptada el 30 de junio de 2012, que contempla la creación de un Gobierno de unidad nacional del que no forme parte ninguna persona que pueda obstaculizar la transición política.
Asimismo ha reiterado la voluntad de la CNFORS de "participar en la Segunda Conferencia de Ginebra", al tiempo que ha considerado que "para su éxito es necesario que todas las partes se adhieran a los términos de la declaración anterior".
ACUERDO BILATERAL
Estados Unidos y Rusia alcanzaron el pasado sábado un acuerdo por el cual ambas partes exigirán al régimen sirio que entregue su arsenal de armas químicas para destruirlo o, de lo contrario, se activará el protocolo de la ONU para el uso de la fuerza.
Ambos países han dado una semana a Siria para que entregue un listado detallado con todas sus armas químicas y su ubicación, en medio de los rumores que apuntan a que el Gobierno de Al Assad ha comenzado a dispersarlas para ocultarlas a la comunidad internacional.
Una vez recibida la lista, Naciones Unidas enviará --antes de noviembre-- a otro grupo de inspectores a Siria para que compruebe el inventario de armas químicas del régimen de Al Assad. La destrucción debería llevarse a cabo a mediados de 2014.
Este acuerdo ha conseguido frenar temporalmente una intervención militar en Siria para responder al uso de armas químicas que parecía inminente. Si bien, el presidente estadounidense, Barack Obama, ha subrayado que aún contempla esta opción, si la vía diplomática fracasa.
Desde entonces, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad --Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China-- negocian una resolución para concretar la entrega de las armas químicas sirias. Las conversaciones se centran en encontrar un término medio en el rango de las sanciones aplicables en caso de incumplimiento.
INFORME DE LA ONU
Un grupo de expertos de Naciones Unidas liderados por el sueco Ake Sellstrom llegó a Siria a finales de agosto para investigar el supuesto uso de armas químicas en la guerra civil, después de que el Gobierno diera su visto bueno tras meses de negativa.
Aunque las denuncias sobre el supuesto uso de armas químicas comenzaron en marzo, el engranaje de la política internacional se activó a causa del ataque perpetrado el 21 de agosto con gas sarín sobre los suburbios del este de Damasco, que dejó miles de muertos y heridos.
Los inspectores de la ONU ya han publicado su informe, en el que confirman el uso a "gran escala" de gas sarín en Siria, basándose en los síntomas de las víctimas --pérdida del conocimiento, irritación de los ojos, vómitos, asfixia y convulsiones-- y en las muestras de pelo, sangre y orina.
Además, aunque no detallan la autoría, porque ese no era su cometido, especifican que el gas sarín fue lanzado desde cohetes tierra-tierra aprovechando unas condiciones meteorológicas ventajosas, de acuerdo con "pruebas claras y convincentes".
Desde que comenzó la guerra civil en Siria, en marzo de 2011, más de 110.000 personas han muerto a causa de los combates y más de seis millones de personas, incluidos un millón de niños, se han visto obligadas a abandonar sus hogares.