Los Veintiocho han tomado la decisión en una reunión a nivel de embajadores en Bruselas y está previsto que sea ratificada por el Consejo de ministros de Economía de la UE el próximo viernes, fecha a partir de la cual empezará a correr el plazo de tres meses que se le da a Atenas para aplicar las recomendaciones, según han informado fuentes europeas.
El Ejecutivo comunitario anunció hace dos semanas que las autoridades griegas habían "descuidado gravemente" sus obligaciones en el control de la frontera exterior del espacio de libre circulación Schengen, y por ello adelantó que presentaría un paquete de recomendaciones para enmendar los fallos.
Se trata de recomendaciones que no se han hecho públicas por el momento, aunque ha trascendido que el objetivo es atajar fallos graves en el registro de los demandantes de asilo que llegan a Grecia, por ejemplo por la falta de lectores suficientes para tomar las huellas dactilares de los inmigrantes o por carecer de los medios necesarios para verificar su identidad.
Este proceso fue solicitado por los estados miembros en una reciente reunión informal de ministros de Interior de la UE en Ámsterdam, tras constatar que la frontera griega sigue siendo fácilmente permeable para los miles de demandantes de asilo que tratan de llegar a otros estados miembros sin dejar rastro de su entrada por Grecia.
Si se cumple el plazo de tres meses que el viernes darán sus socios a Grecia y no cumple las recomendaciones, los estados miembros podrán iniciar el proceso que active el Artículo 26 del Código Schengen, que en la práctica supondrá prorrogar --por periodos de seis meses y hasta un máximo de dos años-- los controles interiores que ya realizan de manera temporal Alemania, Francia y otros países.
El código permite este tipo de controles si no son sistemáticos y si se realizan temporalmente en circunstancias excepcionales, que planteen un riesgo para el orden público o que planteen un riesgo para la seguridad nacional.
A partir de la llegada masiva de refugiados a la Unión Europea, países como Alemania y Austria reintrodujeron estos controles argumentando falta de capacidad para controlar la presión migratoria.
También Francia reintrodujo los controles con motivo de una cumbre sobre el clima de Naciones Unidas, pero tras los atentados de París del 13 de noviembre ha avisado de que no los retirará mientras persista la amenaza terrorista.
El plazo que concede la salvaguarda que permite los controles temporales a este grupo de estados miembros expira en mayo y la activación del artículo 26, que muchos interpretan como un modo de aislar a Grecia, serviría además para dar cobertura legal a la prórroga de la vigilancia que debe concluir en mayo.