Otros 13 fallecidos eran civiles mayores de edad y el resto combatientes que resguardaban el convoy de más de 5.000 residentes de las ciudades de Al Fua y Kefraya, bajo control insurgente, que se dirigían a Alepo, territorio del Gobierno, dentro de un programa de intercambio de evacuados entre Gobierno y rebeldes, que había quedado paralizado horas antes del atentado.
Dado este último balance, proporcionado por la red de activistas del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, el de ayer se trata del el peor ataque de este tipo ocurrido en Siria en casi un año.
Según fuentes sirias a la televisión libanesa Al Mayadeen, el atentado fue perpetrado por un terrorista suicida al volante de "un vehículo con tracción a las cuatro ruedas" que comenzó a atraer a los miles de evacuados, sobre todo a los niños, con alimentos infantiles en el maletero del vehículo, "cargado con una tonelada de explosivos".
Estas mismas fuentes apuntan que la ejecución del atentado invita a pensar en la participación de un grupo rebelde por varios motivos. "La zona de Rashidin, donde ha sucedido el ataque, está ocupada por la oposición siria que financian las potencias occidentales y las monarquías árabes", según estas fuentes.
Además, "la decisión y la ejecución de semejante ataque ponen de relieve la actuación de una parte influyente, más que un acto individual", de nuevo según las fuentes sirias de la cadena.
Por contra, el grupo rebelde Ahrar al Sham, uno de los principales negociadores del acuerdo de evacuación con las autoridades sirias, ha negado toda responsabilidad en el "cobarde ataque" que "sirve a las políticas sectarias del régimen sirio".
"Este ataque va contra los principios del Islam y sirve a las políticas sectarias de un régimen que, como beneficiado de este ataque, intenta encubrir las masacres de Ghouta y Jan Shaijún", según un comunicado colgado por el grupo en su cuenta de Twitter, donde hace referencia a dos ataques químicos de los que se responsabiliza a las autoridades sirias.