El Gobierno revocó entonces la ciudadanía a Alí Husain y otros 71 ciudadanos bahreiníes, la mayoría de los cuales eran activistas, periodistas y miembros de la oposición, tras afirmar que habían cometido "actos ilegales", si bien ninguno fue juzgado.
El Ministerio del Interior apuntó en su comunicado que entre estos actos figuraban "difamar la imagen del Estado, difundir noticias falsas para dañar las normas de la Constitución y difamar a países hermanos".
El BCHR ha denunciado que, después de que se le retirara la ciudadanía, el jeque Alí Husain fue llevado en mayo ante un tribunal por "residir en el país ilegalmente", tras lo que se ordenó su deportación.
Después de que un tribunal confirmara la condena en febrero de este año, el jeque fue arrestado y deportado a Líbano. Alí Husain se suma al jeque Hussein Najati, quien fue deportado igualmente en 2014.
El Gobierno enmendó en 2014 las leyes sobre ciudadanía y terrorismo para permitir la retirada de la nacionalidad a las personas condenadas por delitos vinculados al terrorismo, si bien éstos no están bien delimitados y afectan a derechos como los de expresión y asamblea.
Desde entonces, las autoridades han revocado la ciudadanía a un total de 260 personas, ya sea por la vía administrativa o a través de decisiones judiciales. El BCHR ha denunciado que, en la mayoría de los casos, los acusados fueron torturados durante el proceso.
El emirato, aliado de Estados Unidos y las monarquías del Golfo, ha reprimido violentamente las protestas prodemocráticas en el territorio. En dicho contexto, impuso la Ley de Seguridad Nacional en marzo de 2011, lo que conllevó la entrada de tropas saudíes y emiratíes en el país para aplastar las protestas.
La oposición ha denunciado en reiteradas ocasiones las medidas violentas utilizadas por las fuerzas de seguridad y ha afirmado que han fallecido más de 80 personas desde el inicio de las protestas, la mayoría de ellas por inhalación de gases lacrimógenos y atropellos de vehículos policiales.
Asimismo, desde el inicio de la represión de las autoridades contra los manifestantes, ONG internacionales como Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW) o Reporteros Sin Fronteras (RSF) han emitido múltiples comunicados para denunciar la situación de Derechos Humanos en el país y pedir a la comunidad internacional una postura activa de presión sobre el Ejecutivo.