La redada tuvo lugar el pasado 23 de mayo en Al Diraz, donde decenas de simpatizantes de la máxima autoridad chií del país -- comunidad que lleva décadas denunciando su marginación por la clase gobernante suní --, Isa Qassem, habían organizado una sentada para protestar contra una condena emitida contra el clérigo por recaudar impuestos a favor de obras de caridad, como dicta esta confesión musulmana.
Esta operación de seguridad se saldó con un violento enfrentamiento que dejó al menos cinco manifestantes muertos, 19 policías heridos y 286 detenidos.
Así, el diplomático de Naciones Unidas ha pedido al Gobierno que "investigue estos eventos, en particular los que se refieren a las muertes de los manifestantes, y garantice que los resultados de las pesquisas sean publicados".
Hussein ha descrito como "especialmente perturbadoras" ciertas informaciones que apuntan a que los fallecidos fueron enterrados sin el consentimiento de sus familiares, antes de reiterar a las autoridades bahreiníes el respeto que deben demostrar hacia la libertad de reunión pacífica.
Hussein ha recordado además que "los activistas pro Derechos Humanos de Bahréin siguen padeciendo intimidación, interrogatorios y abusos", por lo que ha pedido a las autoridades del país que "cambien de rumbo" y adopten "la vía del díalogo" con la ayuda de su oficina.