El presidente filipino negó que el Estado esté patrocinando asesinatos extrajudiciales de presuntos narcotraficantes y dijo que solo una tercera parte de las alrededor de 2.000 muertes relacionadas con las drogas desde que llegó al cargo el 30 de junio han sido obra de la Policía.
"Pero en Dávao yo solía hacerlo personalmente. Simplemente para mostrarle a los tipos (la Policía) que si yo puedo hacerlo ¿por qué no vosotros?", afirmó, explicando que solía recorrer las calles de esta ciudad en moto "patrullando y también buscando problemas".
En respuesta, el portavoz de Al Hussein, Rupert Colville, ha recalado que "dichas acciones contravienen directamente los derechos consagrados en el artículo 3 de la Constitución filipina".
"Las muertes descritas por el presidente también violan las leyes internacionales, incluidos los derechos a la vida, a la no violencia o fuerza, al debido proceso, a un juicio justo, a la protección igualitaria ante la ley y a la presunción de inocencia", ha agregado.
En este sentido, Colville ha manifestado que "las muertes causadas por Duterte, según lo ha admitido él mismo, constituyen claramente asesinatos".
Por ello, Al Hussein ha pedido al Poder Judicial del país asiático que "demuestre su compromiso con el Estado de Derecho" y que "actúe con independencia del Ejecutivo, iniciando una investigación sobre los hechos".
Según la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, cerca de 6.100 personas han muerto a manos de policías, 'vigilantes' o mercenarios desde el inicio de la 'guerra contra la droga'.