Al parecer, la idea surgió de la Autoridad Legítima para la Reforma, fundada por el 'número dos' de la rama egipcia de Hermanos Musulmanes, Jairat al Shater, que contactó con los líderes del movimiento político-religioso en Arabia Saudí, Qatar, Turquía, Sudán y Pakistán.
Se espera que en las próximas semanas se celebren una serie de reuniones entre estos líderes que deberían culminar con la apertura de la primera sede del Consejo Islámico en Egipto dirigida por los grupos que apoyaron al depuesto presidente, Mohamed Mursi.
El objetivo es que el Consejo Islámico vaya extendiéndose por otros países de la región con la finalidad de llevar al poder a los políticos islamistas y, una vez conseguido, solucionar las diferencias que puedan surgir entre ellos, como en el caso de Túnez.
El Consejo Islámico sería la respuesta a la decisión adoptada hace una semana por un tribunal de El Cairo, que prohibió todas las actividades de Hermanos Musulmanes y de su organización no gubernamental y ordenó confiscar sus bienes.
La sede judicial atendió de esta forma la solicitud del partido político izquierdista Tagammu, que había exigido la prohibición de Hermanos Musulmanes y la confiscación de sus bienes y de los de todos sus miembros en Egipto.
Además, el pasado 2 de septiembre, la Autoridad de Comisarios Estatales --el órgano de asesoramiento legal del Gobierno interino-- recomendó la disolución del movimiento político-religioso, según argumentó, por su relación con las milicias armadas.
A pesar de que con todo ello la ilegalización de Hermanos Musulmanes en Egipto parecía inminente, el Gobierno interino ha decidido posponerla hasta que todos los procesos judiciales contra sus miembros hayan acabado, según el ministro de Solidaridad Social, Ahmed El Borai.
CAMPAÑA CONTRA HHMM
Todas estas acciones se enmarcan en la campaña que las autoridades interinas han lanzado contra Hermanos Musulmanes desde el golpe de Estado perpetrado el pasado 3 de julio por las Fuerzas Armadas contra el Gobierno de Mursi.
Su líder espiritual, Mohamed Badie, y sus principales dirigentes, así como decenas de sus miembros, han sido detenidos, sus bienes han sido confiscados y están a la espera de ser juzgados por incitar a la violencia que se ha desatado tras el derrocamiento de Mursi.
La Fiscalía ha acusado a Mursi y a otras 14 personas de incitar al asesinato y a actos de violencia por las protestas de diciembre de 2012, alegando que movilizaron a simpatizantes de Hermanos Musulmanes para que atacaran a los manifestantes antigubernamentales
Mursi también está acusado de insultar a la Judicatura y está siendo investigado por colaborar con la facción palestina Hamás y con el partido-milicia chií libanés Hezbolá y por su fuga de la prisión de Wadi el Natroun durante las revueltas contra el régimen de Hosni Mubarak.