La organización ha resaltado durante una conferencia celebrada en Madrid, en la que han participado miembros de varias organizaciones sindicales y pro Derechos Humanos del país árabe, que en Argelia "se multiplican las trabas a las libertades de asociación, expresión y reunión, así como a las libertades sindicales".
La REMDH ha manifestado asimismo que "el régimen se muestra incapaz de establecer un verdadero diálogo con las fuerzas sociales y de contener los movimiento que, de forma cada vez más coordinada, se esfuerzan por llamar la atención sobre situaciones sociales y sindicales dramáticas".
Asimismo, la organización ha solicitado a los gobiernos de España y Argelia que tengan en cuenta la situación de Derechos Humanos y el tema de las desapariciones forzadas durante la década de los noventa a la hora de establecer sus relaciones bilaterales.
En este sentido, la asistente del proyecto Solidaridad de la REMDH, Marta Semplici, ha apuntado que "las relaciones entre Argelia y la Unión Europea a nivel político no tienen un impacto en la sociedad civil independiente" y ha dicho que "los Derechos Humanos han de tener un papel prioritario en la conformación de las políticas de vecindad".
Las libertades de reunión y de concentración han sido uno de los puntos tocados durante el encuentro, en el que el sindicalista Yacine Zaid, miembro del Sindicato Nacional Autónomo del Personal de la Administración Pública (SNAPAP), ha destacado que "ser sindicalista autónomo (en Argelia) no es cosa fácil".
"Defendemos los derechos de los trabajadores y los Derechos Humanos y nos encargamos de la oposición. Esto no es fácil en un país rico, que tiene medios para convencer a muchos activistas y corromperlos", ha explicado.
Así, ha relatado que, después de que el sindicato se negara a respaldar la candidatura del actual presidente, Abdelaziz Buteflika, el Gobierno "aumentó las represiones contra los miembros del SNAPAP, entre ellas los despidos improcedentes de sindicalistas y las persecuciones judiciales".
SEPARACIÓN DE PODERES
Por su parte, el abogado Amine Sidhoum, miembro de la Red de Abogados por la Defensa de los Derechos Humanos (RADDH), ha expuesto que no existe la separación de poderes en Argelia y ha criticado que "la justicia se ha convertido en dependiente del Ejecutivo y es imparcial".
Así, ha puesto como ejemplo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que está presidido por Buteflika y cuya Vicepresidencia ocupa el ministro de Justicia, Mohamed Charfi. Asimismo, seis de los trece miembros que componen el organismo son nombrados directamente por el presidente del país.
"El CGPJ se ha convertido en un medio de presión sobre los magistrados, y cualquier magistrado libre puede ser perseguido y presentado ante un comité disciplinario que podría trasladarle al sur", ha denunciado. "Ante esta situación, la magistratura ha quedado presionada por las decisiones de las autoridades y el Ejecutivo", ha añadido Sidhoum.
También ha puesto de relevancia la existencia de un proyecto de ley que contempla que el Colegio de Abogados se integre en el Ministerio de Justicia. "Lo que es gravísimo es el artículo 20.4, que estipula que el fiscal puede estipular la suspensión inmediata del abogado si considera que ha superado ciertos límites", ha dicho.
"Si el Colegio de Abogados no toma medidas disciplinarias, el ministro (de Justicia) puede apelar ante la Comisión de Apelaciones o puede abrir un proceso contra él. El proyecto tiene como objetivo amordazar la única corporación que aún es independiente en Argelia", ha remachado Sidhoum.
La secretaria general de la Liga Argelina por la Defensa de los Derechos Humanos (LADDH), Jabria Naili, ha abundado en estas críticas y ha sostenido que, "pese a que Argelia puede parecer adelantada a nivel de fachada respecto al resto de países árabes, la realidad es distinta".
"Es una república que garantiza la separación de poderes y la igualdad entre hombres y mujeres. Hay un Parlamento electo que garantiza la libertad de culto. Sin embargo, la Constitución se ve torpedeada por decretos y estatutos que anulan sus estatutos", ha puntualizado.
DESAPARECIDOS
Por último, Nassera Dutour, representante del Colectivo de Familiares de Desaparecidos en Argelia (CFDA), ha afirmado que, durante el conflicto armado librado entre 1991 y 2002 por el Gobierno argelino y varios grupos islamistas tras la cancelación de las elecciones tras la primera ronda tras el éxito abrumador del Frente Islámico de Salvación (FIS), "los dos bandos tomaron como rehén a la población argelina".
"El Estado y los islamistas dijeron que quien no estaba con ellos estaba contra ellos, lo que atrapó a la sociedad en el miedo", ha apuntado. "Se ha llamado tragedia nacional a lo ocurrido, metiendo en el mismo saco a responsables y víctimas", ha agregado Dutour.
Dutour ha criticado duramente la Carta por la Paz y la Reconciliación Nacional, cuya aplicación "ha impuesto una política de impunidad sobre los crímenes cometidos por ambos bandos durante el conflicto".
En este sentido, la REMDH ha destacado que "estos textos impiden recurrir a la justicia contra los agentes del Estado y reprimen y penalizan el debate público sobre las violaciones masivas de Derechos Humanos cometidas durante los años noventa".
La carta ha sido criticada por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que ha solicitado a las autoridades que Nola apliquen y ha condenado a Argelia por no haber llevado a cabo una instrucción judicial de los expedientes de los desaparecidos.