La ley, aprobada en diciembre en el Parlamento, plantea el perdón para los defraudadores a cambio del pago de una multa equivalente al 30 por ciento de los activos. Además, plantea una tasa del 15 por ciento de impuesto sobre la renta.
Por recomendación del Ministerio de Planificación, Rousseff ha vetado, sin embargo, el abono de la multa en cuotas, que parte del dinero recaudado vaya para los gobiernos regionales o que se puedan repatriar vehículos, obras de arte o joyas.
El Ministerio de Hacienda prevé que el Estado brasileño recaude en 2016 unos 21.100 millones de reales (más de 4.700 millonew de euros), según informa el periódico 'O Globo'.