Según estas informaciones, entre estas medidas estarán la cancelación de reservas de viaje realizadas por canadienses sospechosos de querer unirse al Estado Islámico u otros grupos extremistas en el extranjero y el bloqueo de transacciones financieras vinculadas con presuntas actividades terroristas.
Asimismo, se incluirá la interceptación de equipamiento o material canadiense a ciudadanos o grupos que pudieran usarlos para atentar, así como inutilizar este material como parte de una investigación en marcha.
La legislación actual requiere que el CSIS dependa de la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) para llevar a cabo estas tareas, lo que algunos altos cargos gubernamentales han dicho que provoca retrasos e incapacidad para actuar en determinadas circunstancias debido a que la RCMP requiere un alto nivel de pruebas para proceder a un arresto.
"El objetivo es que el CSIS pase de ser un servicio de recopilación de datos de Inteligencia a ser una agencia que tenga la capacidad de interrumpir o disminuir potenciales amenazas terroristas con la apropiada supervisión judicial", han indicado fuentes anónimas a la citada agencia.
Estas fuentes han asegurado que los agentes de los servicios de Inteligencia no tendrán autoridad para arrestar o detener a canadienses, lo que continuará en manos de la RCMP y el resto de fuerzas policiales.
Los trabajos en torno a esta nueva legislación se iniciaron tras el ataque perpetrado el 22 de octubre por Michael Zehaf-Bibeau, quien mató a un soldado antes de irrumpir en el Parlamento, donde fue tiroteado.