La Federación Internacional de Periodistas (FIP) se ha unido al Sindicato Nacional de Periodistas Somalíes (NUSOJ, en sus siglas en inglés) para denunciar el proyecto de ley que según afirman representa una nueva amenaza contra el periodismo en el país.
El nuevo proyecto de ley, que busca enmendar la ley de medios de comunicación somalí adoptada en 2016, introduce disposiciones que limitan el trabajo de los periodistas. Entre ellas figura una que propone prohibir la publicación de "noticias falsas" y la "propaganda sin fundamento", términos abiertos a diferentes interpretaciones y que pueden generar reclamaciones abusivas por parte de las personas que figuran en las informaciones.
El secretario general de la FIP, Anthony Bellanger, ha declarado que "el nuevo proyecto de ley de medios de comunicación es una clara declaración de intenciones que pretende amordazar a la prensa"."Es hora de que el Gobierno permita que sus ciudadanos estén plenamente informados y que los periodistas cumplan sus obligaciones conforme a los tratados y convenios internacionales ratificados por Somalia", ha concluido.
La ley establece fuertes multas que oscilan entre 300 y 1.500 dólares para los periodistas que incumplan la ley. La nueva legislación también otorga al Ministerio de Información el poder de registrar a los periodistas y expedirles documentos acreditativos para identificar a los profesionales de la comunicación y determinar quién está en ejercicio.
El secretario general de la NUSOJ, Omar Faruk, ha explicado que "la nueva ley de medios de comunicación, si se aplica en la forma en que ha sido aprobada por el Consejo de Ministros, pondrá en peligro la independencia de los medios de comunicación, la libertad de los periodistas y el derecho a la libertad de expresión incluido en el artículo 18 de la Constitución provisional de Somalia".
La FIP ha mostrado su apoyo a la NUSOJ en sus críticas por la falta de independencia de la Comisión de Medios de Comunicación en Somalia (SMC, en sus siglas en inglés), un mecanismo regulador que según la nueva ley será controlado por el Gobierno ya que este tendrá el poder de autorizar los nombramientos de los miembros de esta comisión.
La nueva ley también prevé que el Ministerio de Información tenga la capacidad de establecer responsabilidades y reglas específicas para controlar a los profesionales de los medios de comunicación como el código de conducta o de ética. Tanto la NUSOJ como la FIP insisten en que los gobiernos no deben interferir en el establecimiento de las normas éticas de los profesionales de la comunicación.