La Fiscalía acusó a los condenados de intentar irrumpir en la mezquita Al Fatá y en una comisaría durante una protesta contra el citado asalto, según ha informado el diario local 'Al Ahram'.
Los asaltos contra las acampadas en las plazas de Rabaa al Adawiya y Nahda se saldaron con la muerte de al menos 1.150 personas, según datos de la ONG Human Rights Watch (HRW), si bien el Gobierno reconoció únicamente alrededor de 900.
La Constitución aprobada en 2014 da al Ejército el derecho de juzgar a civiles por ataques contra propiedades públicas, lo que ha provocado que miles de ellos hayan sido enviados a estos tribunales por actos durante manifestaciones consideradas como ilegales.
El Gobierno de Abdelfatá al Sisi, que accedió al poder tras imponerse sin apenas oposición en las presidenciales celebradas meses después del derrocamiento de Mursi en 2013, ha lanzado una campaña contra la organización islamista Hermanos Musulmanes y los grupos revolucionarios que encabezaron las protestas que provocaron la caída del régimen de Hosni Mubarak en 2011.
La campaña se ha saldado por el momento con miles de encarcelados y condenados por diversos cargos en juicios que han sido denunciados por las ONG internacionales por su falta de transparencia.
Además, cientos de miembros y seguidores de Hermanos Musulmanes han muerto en la represión de sus protestas tras el derrocamiento de Mursi. El nuevo Gobierno declaró al grupo como una organización terrorista, incrementando su presión contra la formación.