"La UE ha suspendido la ayuda financiera directa a la administración de Burundi, incluido el apoyo presupuestario, pero mantiene plenamente tanto el apoyo financiero a la población como la ayuda humanitaria", ha confirmado el Consejo en un comunicado.
"Los compromisos propuestos por el Gobierno burundés son insuficientes para atender a las preocupaciones de la UE", han justificado los Veintiocho, que suspenden la ayuda financiera tras invocar el artículo 96 del acuerdo de Cotonou entre la UE y los países del África, Caribe y Pacífico, que permite este tipo de medias por incumplimiento de los valores de democracia, el Estado de Derecho y violaciones a los Derechos Humanos.
Eso sí, los Veintiocho han abierto la puerta a "la plena reanudación de la cooperación" europea con Burundi si las autoridades del país adoptan "medidas específicas" y en todo caso revisarán "al menos cada seis meses" su decisión de suspender la ayuda directa al Gobierno, entre otros medios con misiones de supervisión conjuntas del Servicio Europeo de Acción Exterior y la Comisión.
"La decisión de hoy deja claro que para que nuestras relaciones se restablezcan plenamente esperamos que se apliquen una serie de medidas concretas" en línea con las exigencias de la Unión Africana, la Comunidad del África Oriental y la ONU, ha subrayado la Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, que ha alertado de la "honda preocupación" de la UE por la situación en Burundi pese a que "recientemente se han observado algunos destellos de esperanza".
Las medidas que exige la UE "pueden apoyar el diálogo interburundés, con la mediación de la Comunidad del África Oriental, que es clave para lograr una solución política duradera a la crisis", ha justificado la jefa de la diplomacia europea.
El comisario de Desarrollo, Neven Mimica, ha recalcado que "la UE mantiene su compromiso de proporcionar ayuda de emergencia" al país porque el pueblo es "la primera víctima" de la crisis, que se ha cobrado la vida de más de 400 personas, ha dejado miles de heridos y ha obligado a más de 240.000 personas a buscar refugio en los países vecinos.
"Se están preparando proyectos financiados por la UE destinados a garantizar el acceso de la población a los servicios básicos, pero sin canalizar recursos financieros a través de cuentas gestionadas por el Gobierno de Burundi", ha explicado el comisario.
El país africano está envuelto en una crisis política desde que el presidente, Pierre Nkurunziza, decidió en abril de 2015 presentarse a un controvertido tercer mandato, algo que la oposición criticó como inconstitucional y provocó un intento de golpe de Estado fallido. Desde entonces, y según datos de la ONU, han muerto al menos 439 personas y unas 220.000 han huido a países vecinos, aunque las cifras podrían ser mayores. La oposición aseguró que su reelección violaba los términos del acuerdo de paz que se firmó en 2005 tras doce años de guerra civil.
Los Veintiocho impusieron el pasado 1 de octubre sanciones --congelaron los activos y prohibieron la entrada-- al jefe de gabinete de la administración presidencial responsable de la Policía Nacional de Burundi, Gervais Ndirakobuca, al antiguo responsable de las misiones de la Presidencia y general en la reserva golpista, Léonard Ngendakumana, al agente de Inteligencia Mathias Niyonzima, y al director general adjunto de la Policía Nacional, Godefroid Bizimana, por socavar la democracia y obstruir los esfuerzos para lograr una solución política" en Burundi.