Ello permitirá cruzar los datos de cada viajero con las bases de datos europeas, como las que forman parte del sistema de libre circulación Schengen, Interpol y otras agencias, para, por ejemplo, comprobar si utiliza documentos de viaje falsos o robados.
El objetivo principal de esta revisión del Código de Fronteras Schengen es estrechar el cerco sobre los llamados "combatientes extranjeros", ciudadanos europeos que viajan a Siria o Irak para ser adiestrados por grupos yihadistas y retornar después Europa para cometer atentados.
La Unión Europea acordó reforzar los controles en su frontera exterior tras los atentados en París de noviembre de 2015, y ya algunos países realizan una vigilancia sistemática sobre quienes transitan su frontera. Sin embargo, sólo ahora se hará obligatorio ese control sobre todos los viajeros, incluidos los que tienen derecho a la libre circulación.
En concreto, el nuevo reglamento obligará a los Estados miembros a efectuar comprobaciones sistemáticas de quienes crucen la frontera exterior y verificar si el nombre aparece en listados de documentos desaparecidos, el Sistema de Información de Schengen (SIS) o en otras bases de datos relevantes.
Los controles se impondrán en todas las fronteras aéreas, marítimas y terrestres, si bien la norma prevé que las autoridades nacionales puedan limitarlos a verificaciones selectivas si el control exhaustivo se traduce en una fuerte ralentización del tráfico en las fronteras terrestres o marítimas.
En el caso de los viajeros que no sean sometidos a dichos controles selectivos, al menos deberá comprobarse su identidad y la validez del documento de viaje.
Además, los aeropuertos disfrutarán de un periodo de adaptación de seis meses a partir de la entrada en vigor del reglamento, prorrogable hasta un máximo de 24 meses, para que puedan ajustar sus infraestructuras a las exigencias técnicas del control reforzado. Dinamarca, Reino Unido e Irlanda no aplicarán las nuevas reglas.