El Centro por los Derechos Humanos en Bahréin (BCHR), Americanos por la Democracia y los Derechos Humanos en Bahréin (ADHRB), y el Instituto de Bahréin por los Derechos Humanos y la Democracia (BIRD), han expresado en un comunicado conjunto su "preocupación" por estos sucesos y han pedido al Gobierno "que ponga fin a sus violaciones de las libertades de expresión y asamblea".
Así, han relatado que, después de que los partidos opositores anunciaran que boicotearían los comicios, se enviaron peticiones a las autoridades para que permitieran la celebración de manifestaciones, lo que fue rechazado.
Tras ello, las fuerzas de seguridad "atacaron" a los manifestantes durante los días 21 y 22 de noviembre en varias áreas, incluyendo Diraz, Karzakan, Sanabis, Al Dair, Al Maamir y Sitra, empleando gases lacrimógenos y escopetas y provocando varios heridos.
Asimismo, las citadas ONG han afirmado que las fuerzas de seguridad llevaron a cabo varias redadas que se saldaron con el arresto de 31 personas, entre ellas varios niños, por "participar en una reunión ilegal".
Por último, han acusado al Gobierno de "usar tácticas de intimidación" para aumentar la participación en las elecciones a través del envío de cartas a la población y la solicitud de pruebas a los funcionarios de que acudieron a las urnas.
Las elecciones parlamentarias celebrarán este sábado su segunda vuelta en 34 de las 40 circunscripciones, según los datos oficiales anunciados por el director ejecutivo del Alto Comité Electoral, Abdulá bin Hasán al Buainain.
CONTEXTO POLÍTICO
El emirato, aliado de Estados Unidos y las monarquías del Golfo, ha reprimido violentamente las protestas prodemocráticas en el territorio. En dicho contexto, impuso la Ley de Seguridad Nacional en marzo de 2011, lo que conllevó la entrada de tropas saudíes y emiratíes en el país para aplastar las protestas.
La oposición ha denunciado en reiteradas ocasiones las medidas violentas utilizadas por las fuerzas de seguridad y ha afirmado que han fallecido más de 90 personas desde el inicio de las protestas, la mayoría de ellas por inhalación de gases lacrimógenos y atropellos de vehículos policiales.
Asimismo, desde el inicio de la represión de las autoridades contra los manifestantes, ONG internacionales como Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW) o Reporteros Sin Fronteras (RSF) han emitido múltiples comunicados para denunciar la situación de Derechos Humanos en el país y pedir a la comunidad internacional una postura activa de presión sobre el Ejecutivo.