En 2007 el Gobierno de Rodríguez Zapatero traspuso la directiva europea a la legislación española, desde ese momento en España es obligatorio que los vendedores soliciten un documento oficial (DNI, pasaporte o tarjeta de residencia) a la hora de vender un móvil de tarjeta. Los usuarios de estas tarjetas, que hubiesen comprado su línea de móvil antes de la entrada en vigor de le ley, tienen hasta noviembre de este año para identificarse, en caso de no hacerlo perderían el número.
Sin embargo el comercio ilegal de tarjetas prepago ha proliferado junto a la ley. La policía investiga decenas de tiendas no oficiales y locutorios en los que se venden estas tarjetas sin ningún tipo de control y sin requerir datos a los compradores.
Pagan a un inmigrante con pocos recursos para que compre el máximo de teléfonos y tarjetas a su nombre y después las revenden. La otra opción es identificar a un comprador ficticio y después distribuir las tarjetas. Este mercado negro funciona en puntos de venta aparentemente legales que burlan la ley para vender más.
En España hay 20 millones de líneas 'prepago', casi el 60% de ellas sin identificar, quienes no lo hagan antes del mes de noviembre perderán el número pero los delincuentes siguen buscando vías alternativas.