Cargan con bultos repletos de artículos robados. Entre ellos, alimentos perecederos que se venden sin ningún control o productos que requieren la supervisión de un especialista poniendo en riesgo la salud de quienes los compran.
La mayoría de los compradores son jubilados con pocos recursos económicos y que tampoco tienen en cuenta otro riesgo: la compra deliberada de un producto robado es un delito que tiene una pena de hasta dos años de prisión.
Es un riesgo importante para los compradores y también un perjuicio para las empresas. Se estiman pérdidas de hasta 1700 millones de euros al año.