Detenidos en Cáceres los líderes de una secta que obligaba a tener sexo para "curar" la homosexualidad

Agentes de la Policía Nacional y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han detenido en un municipio de la provincia de Cáceres a un psicólogo y su mujer, acusados de dirigir una secta que promocionaba supuestas "terapias heterosexualizantes" consistentes en mantener "relaciones sexuales sanatorias" con la líder del grupo.

La detención se produjo el pasado 16 de diciembre, y ambos están acusados de presunta participación en delitos contra la salud pública, la libertad sexual e integridad moral, contra los derechos de los trabajadores, así como lesiones psicológicas, intrusismo profesional, asociación ilícita, coacciones y blanqueo de capitales, según ha indicado la Policía en nota de prensa.

Además de los arrestos, encabezados por agentes de la Policía Nacional y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, se ha llevado a cabo un registro en el domicilio de los detenidos sito en una "amplia finca" del municipio cacereño, y otro en un local de Madrid donde se realizaban las "terapias" un día a la semana.

De estos registros se han intervenido 100.000 euros en efectivo, diferentes sustancias estupefacientes, así como material informático y documental de interés para la investigación, según informa la Policía Nacional y la Agencia Tributaria en nota de prensa.

Concretamente, la operación ha sido desarrollada por la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, con la colaboración de la Unidad de Análisis de la Conducta de la Comisaría General de Policía Judicial, y la Unidad Regional Operativa de Madrid y Extremadura, así como el Área de Operaciones Terrestres de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria.

El operativo también ha contado con la colaboración de la Brigada Provincial de Información de Cáceres y se ha realizado bajo la dirección del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Navalmoral de la Mata (Cáceres).

Según ha informado el cuerpo policial, los detenidos actuaban al amparo de la titulación en Psicología de uno de ellos con un modus operandi que respondía a la realización de "pseudo-psicoterapias", sin disponer los establecimientos en los que se llevaban a cabo de ningún tipo de habilitación sanitaria ni autorización administrativa para tal fin.

Durante sus actividades, los arrestados utilizaban "técnicas de manipulación coercitiva, con las que lograban sucumbir la voluntad de los adeptos", quienes ponían en riesgo su salud física y psíquica y, "en muchas ocasiones", llegaban a abandonar las terapias médicas convencionales avaladas por la evidencia científica, lo que suponía un riesgo para su salud, además de un fraude económico.

Por otra parte y, a fin de inducir "estados específicos de consciencia" que llevan a la introyección de las normas de comportamiento social e individual esperados, "era habitual" que los detenidos facilitaran estupefacientes como la marihuana o el MDMA y psicoactivos como la ayahuasca o el peyote, durante el desarrollo de sus "pseudoterapias".

A ello se suma el discurso de odio que mantenían los responsables al considerar la homosexualidad como una "enfermedad" que "se podía revertir" por medio de la abstinencia y las relaciones sexuales "obligadas" con la líder del grupo.

Según ha precisado la Policía Nacional, estas actividades se han desarrollado a lo largo de "más de 20 años", tiempo durante el cual se han ido logrando nuevos adeptos, llegando a aglutinarse en algunas ocasiones hasta "más de 50 personas" que se aislaban de su entorno familiar, social y profesional.

Este aislamiento era inducido por los detenidos, quienes en su lugar les instaban a dedicarse a funciones relacionadas con el grupo, llegando a ejercerse sobre las víctimas un "control total" hasta el extremo de "no tener capacidad de discernir en qué lugar residir, qué estudios cursar y con quién contraer matrimonio".

A ello se añaden las "constantes" demandas económicas de los arrestados, quienes se enriquecían a través de estas prácticas presuntamente ilegales, sin entregar a cambio ningún tipo de factura o justificante de pago.

Por el momento, los investigadores continúan con sus análisis y pesquisas para recabar más información económica y patrimonial.