Para esta formación, el gasto de casi cuatro millones de euros en la construcción y el mobiliario de tres salas de juntas de la Xunta y la adquisición de un coche oficial -según lo publicado por el diario ABC-, es un "escándalo" y no era necesario ni urgente, "mucho menos en estos momentos de crisis".
A juicio del responsable de Asuntos Jurídicos de AES, Carlos Martínez-Cave, la actuación del presidente de la Xunta podría ser constitutiva de un delito de malversación de fondos públicos ya que destinar tales cantidades de dinero público a reformas "suntuosas" es algo ajeno a "lo que es la función pública" y, por tanto, debe ser investigado.