El inicio de la audiencia está previsto para las 09.00 hora local (13.00 GMT) en una de las salas de la Corte Suprema, en la ciudad sureña de Sucre, sede del poder Judicial de Bolivia y la capital constitucional del país, si bien La Paz es la sede del Gobierno.
Sánchez de Lozada, que gobernó Bolivia en los períodos 1993-1997 y 2002-2003, está acusado de nueve delitos, entre ellos "genocidio", que en la legislación nacional se aplica a "masacres sangrientas", lo que según la Fiscalía General fue lo que ocurrió en octubre del 2003.
Esta fecha se recuerda como uno de los períodos más turbulentos de la historia reciente de Bolivia, originado por el proyecto para exportar gas hacia EEUU por puertos de Chile, país al que Bolivia reclama una salida al Pacífico desde que perdió su litoral en una guerra con el país vecino a finales del siglo XIX.
La iniciativa gubernamental desencadenó una frontal oposición por parte de organizaciones sindicales y de izquierda que desembocó en una oleada de disturbios antigubernamentales y una represión militar donde murieron más de sesenta personas.
El 17 de octubre de 2003, el entonces presidente Sánchez de Lozada renunció a su mandato y se autoexilió a Estados Unidos, donde reside desde entonces.
El fiscal del caso Milton Mendoza destacó, en declaraciones a Efe, la relevancia del proceso porque será el primer juicio contra un ex mandatario constitucional a diferencia del caso del dictador boliviano Luis García Meza (1980-1981) que cumple una condena desde 1995.
Así, Sánchez de Lozada es el principal acusado del proceso pero la causa en su contra entrará en suspenso, sin que ello provoque una prescripción de los delitos, debido a que la legislación nacional impide juzgar en ausencia a los imputados.
En una situación similar puede derivar el proceso para tres ex ministros asilados en Perú y los otros tres que también residen en EEUU, uno de éstos también en calidad de refugiado político.
En Estados Unidos se encuentran los ex ministros de Defensa Carlos Sánchez Berzaín (refugiado), de Hidrocarburos Jorge Berindoague y de Agricultura, Guido Áñez.
En Perú han sido asilados recientemente la ex titular de Participación Popular, Mirtha Quevedo, de Salud, Javier Torres Goitía y de Desarrollo Económico, Jorge Torres Obleas, lo que ha provocado un nuevo desencuentro entre los gobiernos de La Paz y Lima.
Para el fiscal Mendoza, todas estas ausencias son una circunstancia "lamentable" pero cree que no debe provocar "frustración" en la Fiscalía porque confía en que, en el curso del juicio, pueda producirse la extradición de Sánchez de Lozada para que sea enjuiciado.
"Es importante que estén todos los actores, pero si no es posible con los que se estén vamos a hacer el esfuerzo de hacer justicia".
La denuncia contra Sánchez de Lozada incluye los delitos de homicidio, lesiones gravísimas, graves y leves, privación de libertad, vejaciones y torturas, atentado a la libertad de prensa, allanamientos y resoluciones contrarias a la ley.
La pena máxima que podría pesar en su contra, si se presenta al juicio en Bolivia, es de 25 años de prisión, veinte por genocidio y cinco por "la concurrencia de los otros delitos", explicó el fiscal.
"Es una ironía porque el genocidio es un asesinato colectivo y tiene veinte años de prisión, mientras que el crimen de una persona está sancionado con 30 años en nuestra legislación", apuntó Mendoza.
En el juicio que comenzará hoy en Sucre están acusadas 17 personas, entre ellas once ministros y cinco miembros del alto mando de las Fuerzas Armadas de aquella época imputados por diversos delitos.
Hasta la semana pasada se presentaron a las audiencias previas los ex ministros de Desarrollo Sostenible Erick Reyes Villa, de Trabajo, Adalberto Kuajara y de Servicios Financieros, Dante Pino, además de los ex jefes policiales.
El fiscal Mendoza tiene previsto presentar 2.500 testigos y 4.000 documentos para un proceso oral que puede durar varios meses.