La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, condena también a Tomás Olivo, promotor del centro a través de la empresa General de Galerías Comerciales, a siete meses de cárcel e inhabilitación y multa de 7.800 euros por un delito contra la ordenación del territorio por la construcción, en zona verde, de una parte del centro que el juez ordena demoler con cargo al empresario.
La parte del edificio a derribar ocupa, según fuentes judiciales, algo menos de mil metros cuadrados del centro comercial respecto de los 275.000 construidos sobre una superficie de suelo de 120.000.
Olivo es absuelto, por contra, de un delito de desobediencia grave a la autoridad, según la sentencia, que absuelve igualmente al resto de los acusados -los cuatro concejales miembros de la Junta de Gobierno Local que otorgaron, con su voto a favor, la licencia de obras, dos arquitectos, un abogado y una letrada de la Diputación- del delito de prevaricación urbanística que les atribuía el fiscal.
En el caso de los arquitectos y abogados, porque los informes que elaboraron durante el proceso y que avalaban los pasos dados en la tramitación del centro no eran más que "propuestas o sugerencias" hechas por quienes "no tienen atribuidas competencias legales para emitir informes", al no ser ninguno funcionario municipal.
Respecto a los ediles miembros de la Junta de Gobierno Local, entiende el juez que votaron a favor, pese a la advertencia del secretario municipal de que faltaba en el expediente un informe preceptivo del letrado municipal, porque "sus voluntades fueron guiadas en un determinado sentido" por los argumentos del alcalde, sin que se aprecie en ellos actitud prevaricadora.
La sentencia absuelve además al ex alcalde y al ex edil de Urbanismo que se enfrentaban a más de tres años de cárcel y 20 de inhabilitación, de los otros dos delitos que les atribuía el fiscal: infidelidad en la custodia de documentos y un segundo delito de prevaricación urbanística por la aprobación del plan parcial.
En cuanto al delito de infidelidad en la custodia de documentos, que hacía referencia a la desaparición del informe del letrado municipal desfavorable a la concesión de la licencia de obras -de lo que advirtió el secretario municipal antes de que se procediera a su votación-, el juez considera que no ha quedado acreditado "cuándo y en qué dependencia concreta del Ayuntamiento" llegó a desaparecer.
Tampoco ha podido demostrarse si esa desaparición tuvo lugar cuando el expediente estaba bajo la custodia del alcalde o del concejal, ni por tanto si fueron estos quienes "de forma concertada" extrajeron el informe del expediente, a cuyo autor -el letrado municipal- "intentaron persuadir" para que fuera favorable.
El delito de prevaricación urbanística por el que ambos han sido condenados está relacionado con la concesión de la licencia de obras del centro comercial, que fue finalmente otorgada sobre la base de un proyecto de edificación que, pese a las condiciones que se impuso a su aprobación, "no fue reformado ni revisado, ni se impidió, por falta de seguimiento de las obras", que se ocuparan zonas verdes.