Así lo explicó el conseller de Gobernación, Serafín Castellano, tras aprobarse el anteproyecto de ley de Emergencias, que sustituirá a la ley de Protección civil y gestión de emergencias de 2002 y que pretende mejorar la planificación y coordinación de todos los que trabajan al servicio de las emergencias.
El conseller explicó que en el año 2009 el 11% de las llamadas al 112, un total de 462.084, se consideraron falsas, y resaltó que con la sanción de estos comportamientos no se persigue un afán recaudatorio, sino disuasorio.
Una de las principales novedades del texto es que quien cause una emergencia o un incendio de forma intencionada o por negligencia deberá abonar como indemnización por daños y perjuicios el coste que suponga la movilización de los servicios esenciales de intervención, igual que quien movilice de manera maliciosa esos recursos.
El conseller puso como ejemplo practicar actividades como el barranquismo, el senderismo o parapente cuando se haya declarado nivel rojo de preemergencia, y precisó que movilizar el helicóptero de rescate tiene un coste aproximado de 3.000 euros.
Además, la ley incluye un capítulo de infracciones y sanciones, que van desde las leves -sancionables con multas de hasta 6.000 euros-, a las graves -con entre 6.001 y 150.000 euros- y las muy graves -de 150.000 a 600.000 euros-.