Según la convocatoria que grupos como Madres contra la Represión o Red Solidaria Antirrepresiva han difundido a través de redes sociales, consideran que las detenciones del 22M forman parte de una "campaña general orquestada por las instituciones del Estado destinada la criminalización de la protesta social", suscribiendo las palabras de la Coordinadora 22M que lo tildaba de "montaje policial orquestado desde las cloacas del Estado".
En el documento, firmado también por la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y la Coordinadora Antifascista de Madrid, apuntan que estos "ataques del poder" tratan de "impedir el libre ejercicio del derecho de manifestación y de los derechos conquistados en general, que se ceba contra los manifestantes más activos, y en particular en la juventud".
Por todo ello, reclaman "la libertad de los presos y libertad sin cargos de los detenidos, y la anulación de las imputaciones criminales contra las manifestantes". En el propio comunicado, los convocantes aseguran que la concentración ha sido comunicada a la delegación del Gobierno en Madrid.
ONCE DETENIDOS
Un total de once personas han sido detenidas esta semana en el marco de la primera fase de la denominada 'Operación Puma 70' contra los autores de los ataques a la Policía el pasado 22M en Madrid. Entre ellos se encuentra el que ya estaba en prisión, acusado de haber golpeado en la cabeza a un agente con una piedra de grandes dimensiones.
La operación se desarrolló el pasado viernes y todos los arrestos han tenido lugar en la Comunidad de Madrid. Entre los detenidos hay integrantes de grupos antifascistas, anarquistas y también integrantes de los 'Bukaneros', los seguidores radicales del Rayo Vallecano de Madrid. Uno está fichado por la Policía por su pertenencia en el pasado a grupos de extrema derecha, una mujer, dos hermanos y el único extranjero del grupo es de nacionalidad ecuatoriana, según han informado a Europa Press fuentes de la operación.
Estas mismas fuentes han precisado que todos ellos tienen edades comprendidas entre los 18 y los 26 años. Se les acusa de desórdenes públicos, atentado contra la autoridad y lesiones.