Según la demanda, que ha sido admitida a trámite, la joven, que es militar de profesión, fue atendida por el demandado en un parto espontáneo con episiotomía el 16 de enero de 2009, siendo el primer hijo de la demandante.
José Luis Ortiz, letrado de la paciente y adscrito a los servicios jurídicos del Defensor del Paciente en Cádiz, ha explicado que el ginecólogo que atendió en el parto a su patrocinada utilizó gasas quirúrgicas en la operación, al parecer, por el "abundante sangrado" que le produjo la episiotomía.
Tras la operación, le entregó un impreso llamado "informe de continuidad de cuidados", donde se exponía como signos de alarma la posible existencia de "flujo vaginal maloliente" y le dijo que fuera a revisión. Tres días después del parto le dieron el alta y le dijeron que ya no tenía que volver, por lo que dio por hecho que le habían extraído la gasa en cuestión.
"No le prestó la menor atención"
Sin embargo, después del alta, la joven comenzó a sufrir molestias en el bajo vientre, como pinchazos agudos y retortijones, por lo que acudió a consultar al ginecólogo, quien "le restó importancia". Como las molestias persistían, volvió a acudir a su ginecólogo, refiriéndole "mal olor" en sus partes, pero el médico "no le prestó la menor atención", apuntó Ortiz.
El abogado relató que la demandante se encontraba en Granada 53 días después de la operación, cuando sintió un fuerte dolor que la llevó a ingresar en el hospital granadino de Nuestra Señora de la Salud, donde fue explorada por la ginecóloga de guardia que, tras realizarle una serie de pruebas, extrajo de la vagina "un rollo de gasas quirúrgicas podridas".
Inmediatamente de la extracción, le recetaron antibióticos para controlar la "fuerte infección" y le comunicaron que acudiese inmediatamente a Urgencias si la fiebre aumentaba más de 38 grados y medio.
Por ello, Ortiz aseveró que se trata de un oblito quirúrgico por parte del ginecólogo tocólogo consistente en el olvido de material extraño al organismo en el interior de la paciente, solicitando a la autoridad judicial que declare la "mala praxis" del demandado y se condene al mismo y a la sociedad médica a abonar los intereses que legalmente les corresponda, así como las costas del juicio.