El magistrado de la Audiencia Nacional decidió no admitir a trámite la denuncia por estafa, apropiación indebida e insolvencia punible al considerar que contiene "meras afirmaciones desnudas, de todo punto genéricas, sobre la posible existencia de un delito que no permiten iniciar un procedimiento penal".
Con esta decisión, Pedraz rechaza además la petición del fiscal Jesús Alonso, que el lunes le reclamó que investigara la denuncia porque la actuación atribuida a la aerolínea propiedad del presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y de su socio, Gonzalo Pascual, podía ser constitutiva de un delito de estafa "contra una generalidad de personas", lo que hace que la Audiencia Nacional sea la competente.
En el auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 criticó al Ministerio Público por no haber subsanado la escasa concreción de la denuncia y le recordó que si considera que existió una actuación irregular podía haber iniciado diligencias de investigación para recabar información que sustentara su petición del lunes -lo que ha decidido hacer ahora-.
Para haber admitido a trámite la denuncia y haber iniciado las actuaciones pedidas por la Fiscalía, Pedraz cree que el Ministerio Público debía haber efectuado "una narración o relato de los hechos que considera delictivos, aportando algún tipo de indicio, siquiera mínimo, que avale racionalmente su verosimilitud, quiénes sean sus posibles autores y la forma en que el delito se ha cometido".
Respecto a la denuncia presentada por la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CECCU), Pedraz sostiene que es una "denuncia genérica, siendo obvia la escasa concreción de los hechos denunciados"; una afirmación con la que no está de acuerdo la asociación, que anunció un recurso.
La denuncia, presentada el pasado 23 de diciembre -dos días después de que Air Comet dejara de operar-, acusa a la aerolínea de haber vendido pasajes aéreos a sus clientes hasta el 18 de diciembre "con conocimiento de su situación de manifiesta insolvencia y la imposibilidad del cumplimiento de sus obligaciones".
También asegura que el 21 de diciembre, cuando la compañía tuvo que suspender todos sus vuelos por orden de un juez británico, Air Comet seguía destacando en su página web "ofertas especiales de vuelo hasta el 31 de diciembre".
A juicio de Pedraz, "no consta ni en la denuncia ni en el informe del Ministerio Fiscal la existencia de esa generalidad de personas" afectadas, aunque el cese de actividad de Air Comet impidió volar a cerca de 5.000 pasajeros, de los que más de 4.000 fueron transportados por el Ministerio de Fomento.
Además argumenta que "tan notorio y conocido sería el hecho del cese de la actividad como que éste no se debe a la voluntad de los legales representantes de la entidad comercial como al cumplimiento de un requerimiento de una autoridad judicial".
No obstante, afirma que el perjudicado sería la Administración, ya que no existen perjudicados "strictu sensu" por cuanto que "al parecer vieron satisfechas sus pretensiones por el Ministerio de Fomento, que aplicó los medios necesarios para que las personas que quisieran volaran a sus destinos".
También recuerda que en la denuncia de la CEACCU "nada se dice" de los hechos que apoyan la presunta comisión de los delitos de apropiación indebida e insolvencia punible.
Por tanto, el magistrado concluye que "con la escasa concreción señalada, se daría lugar a una investigación prospectiva, desde luego en cualquier caso proscrita".
Por otro lado, casi un centenar de trabajadores de la compañía aérea Air Comet se concentraron de nuevo hoy frente al Ministerio de Fomento para pedir al Ejecutivo su recolocación en otras compañías y para exigir a Díaz Ferrán y Pascual que les abonen las nóminas que les deben.
En declaraciones a Efe, el secretario de Acción Sindical de USO, José Vía, explicó que los trabajadores de la aerolínea demandarán de forma "insistente" que Fomento "se implique en la recolocación de los trabajadores de Air Comet, como ya pasó en el caso de los de Air Madrid".