En rueda de prensa, la consellera de Justicia, Montserrat Tura, ha explicado que esta medida, planteada por la denominada "Comisión Mena", sería complementaria a otras iniciativas defendidas el pasado año por este grupo de expertos, como la libertad vigilada o los inhibidores reversibles del deseo sexual.
La consellera ha destacado que este banco de datos con el ADN (que tan solo facilitaría la identidad y el sexo), serviría para identificar con casi total certeza al autor de un delito grave (un homicidio o una violación).
En este sentido, ha explicado que los psicólogos penitenciarios defienden que el temor a saber que no se es impune y que serán identificados sin problema es un factor importante que sirve para el autocontrol de los delincuentes peligrosos, una vez quedan libres al obtener el tercer grado o tras cumplir la condena.
Según Tura, la existencia de este registro podría evitar la reincidencia de violadores, ante el temor de ser descubiertos fácilmente por restos de semen, pelos o saliva.
Para poder obtener las muestras de ADN se abren dos vías: que los presos lo hagan de forma voluntaria o que el juez contemple esta medida al dictar sentencia.
Modificación de la Ley
La legislación española es muy garantista respecto al derecho a la intimidad, por lo que el uso del ADN está restringido únicamente a las investigaciones judiciales por un delito cometido, pero no se contempla con el objetivo de evitar la reincidencia.
De esta forma, para superar las barreras legales, el departamento de Justicia ha planteado oficialmente la modificación de varios artículos de la Ley Orgánica que regula la base de datos policiales sobre identificadores obtenidos a partir del ADN, vigente desde el año 2007, el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. RSO