"No vamos a preguntar apellido, amistad o color político. El corrupto tendrá que ir a la cárcel sea quien sea, no nos importa. Esa es la decisión del Presidente (Evo Morales)", enfatizó hoy el vicepresidente del país, Álvaro García Linera.
El escándalo de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) estalló hace una semana con el asesinato de un empresario boliviano que tenía un contrato con esa firma por 86 millones de dólares para la construcción de una planta petrolera.
El empresario Jorge O"Connor fue asesinado cuando ingresaba con 450.000 dólares a una casa de los familiares de la esposa del ahora ex presidente de YPFB Santos Ramírez, Jovanna Navía, ubicada en La Paz.
Ramírez era uno de los hombres más fuertes del Gobierno y del oficialista Movimiento Al Socialismo y amigo del presidente Morales.
La oposición sospecha que el dinero que llevaba O"Connor era para pagar una comisión ilegal a cambio del contrato que firmó su empresa Catler Uniservice, que tiene socios argentinos, con YPFB.
García Linera admitió hoy que en el caso "se ha cometido un daño económico al Estado, hay un asesinato, un robo y un proceso de extorsión económica que afecta al Estado boliviano. Hay corrupción".
Pero también agregó que espera que el "compañero Ramírez" demuestre su inocencia, "pero lo hará desde el llano, como cualquier ciudadano, sin privilegio alguno", si bien también prometió un "castigo implacable" a quienes resulten culpables.
"En esto no hay negociación (...) en esto hay cumplimiento estricto de la ley. El pueblo boliviano tiene que estar plenamente seguro que su Gobierno garantizará la transparencia en su gestión, garantizará el castigo implacable y terrible contra aquellos que han hecho daño al Estado boliviano", remarcó García Linera.
De su parte, el fiscal Edward Mollinedo dijo hoy que, además del crimen de O"Connor, se investiga la adjudicación de la construcción de la planta petrolera a Catler Uniservice, compañía cuya legalidad ha sido puesta en duda durante las investigaciones.
Dijo que sobre ese acuerdo entre Catler y YPFB se investiga la supuesta comisión de los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, incumplimiento de contratos y cohecho activo y pasivo.
Hoy continuaron las comparecencias ante la Fiscalía de algunos de los presuntos implicados en este caso como la esposa de Ramírez, Jovanna Navía, su hermano Javier Navía y su primo Gonzalo Aramayo.
La esposa de Ramírez y diputada suplente del MAS se acogió a su inmunidad parlamentaria para no declarar ante la Fiscalía, además de presentar certificaciones sobre su embarazo que, según su abogada, recomiendan que no sea sometida a presiones con interrogatorios.
Ramírez fue citado a declarar el próximo lunes ante la Fiscalía.
De su parte, la viceministra de Transparencia, Nardi Suxo, también señaló que ha solicitado información a los bancos sobre cuentas de los presuntos implicados y a la Corte Nacional Electoral datos sobre los lazos familiares entre los acusados.