Según el Tribunal Constitucional, no se ve, como apuntaba la Junta, que la norma suponga un "ataque" a la protección del dominio público marítimo-terrestre ni a las competencias autonómicas en ordenación del territorio y urbanismo.
En este sentido, la portavoz del programa de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos, ha explicado a Europa Press que para la ONG lo "más importante" entre lo planteado en distintos recursos presentados a esta ley ya está solucionado en una sentencia de finales de 2015 y que, entre otras decisiones, devuelve las salinas al dominio público.
Así, ha reconocido que el recurso, más que en cuestiones de calado ambiental, se centra en la distribución de competencias entre la Administración autonómica y el Gobierno central.
"Con este rechazo al recurso de la Junta de Andalucía, seguramente el resultado de los presentados por Asturias y Canarias será similar", ha valorado Marcos que ha celebrado la devolución de las salinas al dominio público marítimo terrestre pero que lamente que el TC no resolviera favorablemente la reducción de 100 a 20 metros la franja de servidumbre.
Por su parte, el coordinador de Ecologistas en Acción, Paco Segura, ha manifestado a Europa Press que la ONG, en su defensa del medio ambiente "no atiende a fronteras". Así, considera "lógico" que la Administración Central pueda gestionar espacios intercomunitarios y en particular el litoral de manera centralizada y con coherencia en toda la costa".