Tras la reunión, Juan José Cortés, el padre de Mari Luz, señaló que el Gobierno "buscará medidas" que, dentro de los límites constitucionales, permitan que los casos como el del supuesto asesino de Mari Luz no se repitan. Según sus palabras, se pretende con ellas garantizar "la seguridad de los niños".
El padre de la pequeña prefirió que sea el propio Ejecutivo el que detalle en qué consistirán dichas medidas y si contemplan la reforma del Código Penal, pero adelantó que el Gobierno "trabajará" en la creación de un registro de pederastas y en el "cumplimiento íntegro de las penas", según lo comprometido por Zapatero.
Cortés, que acudió a la reunión junto a su esposa, Irene Suárez, y su hermano Diego, se mostró "bastante satisfecho" por la actitud y compromiso del presidente del Gobierno pues, como argumentó, "se debe a una causa tan noble y justa como ésta".
Durante el encuentro, en el que también estuvo presente el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, Cortés informó a Zapatero del número de firmas recogidas por la caravana pro cadena perpetua, que ya supera ampliamente las 500.000, las necesarias para que su reivindicación pueda ser llevada al Parlamento como iniciativa legislativa popular.
Negligencia judicial
El pasado 7 de abril el Consejo General del Poder Judicial abrió expediente por una falta muy grave de desatención al titular del juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, Rafael Tirado, quien no ordenó ejecutar la sentencia que condenó por abusos a Santiago del Valle, acusado del asesinato de Mari Luz.
Por su parte, el Ministerio Fiscal acordó el 16 de abril abrir un expediente disciplinario también por falta muy grave a la secretaria judicial del juzgado, Juana Gálvez Muñoz, por un presunto incumplimiento de sus obligaciones legales en el caso de la pequeña.
Mari Luz, de cinco años, desapareció el 13 de enero en la barriada onubense de El Torrejón y su cuerpo apareció cincuenta y cuatro días después flotando en la zona de petroleros del puerto de Huelva. EPF/RSO