La polémica Ley de Víctimas se hundió la noche del jueves en el Congreso tras diferencias en los textos de la norma entre el Senado y la Cámara de Representantes, pese a una "conciliación" que ya se había alcanzado y por la petición expresa del Gobierno a su bancada de rechazarla.
Uribe había pedido a su bancada parlamentaria horas antes de que fuera rechazada la ley que no respaldara la iniciativa al considerar que supondría "un trauma irreparable a las finanzas del Estado" y una "grave amenaza" a su política de seguridad democrática.
El director del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), Iván Cepeda, aseguró a Efe que es muy triste que después de más de dos años de intentar llegar a un consenso con el Gobierno para aprobar la iniciativa ésta se haya archivado.
Sin embargo, cree que las "consecuencias pudieron ser peores porque el Gobierno tenía la intención de aprobar un proyecto de ley en el que había un franco desconocimiento de los derechos de las víctimas y una clara discriminación".
Cepeda, hijo de un senador de izquierda asesinado en 1994 por agentes estatales, se refirió así a que las víctimas del terrorismo de Estado eran discriminadas en la ley que quería aprobar el Gobierno, porque solo se les reconocería su condición de afectados después de una sentencia judicial condenatoria.
"Estamos en un punto en el que tenemos que volver a comenzar el proceso, que es lo que vamos a hacer porque no vamos a renunciar a crear una ley para las víctimas", dijo el activista al anunciar la presentación de una nueva norma para las víctimas en el Congreso.
Asimismo, recordó que cuando las organizaciones sociales presentaron un proyecto de ley para estipular la desaparición forzada lo tuvieron que hacer siete veces y después de ese largo camino las víctimas "lograron una ley acorde a la tipificación internacional de la desaparición forzada".
El director de Movice agregó que el Gobierno hizo "una intimidación con el cálculo fiscal" y no explicó por qué según sus estimaciones se requerían más de 36.200 millones de dólares para aplicar la ley conciliada en las cámaras del Congreso.
"Además, es bastante inmoral porque reduce la discusión de los derechos de las víctimas a una tasación de recursos, eso es parte de una estrategia para evitar que fuera puesta en evidencia la responsabilidad que tienen los agentes del Estado en crímenes de lesa humanidad en Colombia", puntualizó.
En ese sentido, el senador del opositor Partido Liberal Juan Fernando Cristo indicó que está "decepcionado" porque los senadores hundieron ayer un texto que ellos mismos habían aprobado hace un año, simplemente por una orden desde el Palacio de Nariño (sede de Gobierno).
"El texto del Senado que ayer objetó el presidente, quien se inventó la cifra de los 80 billones de pesos (36.200 millones de dólares), estaba desde hace un año a consideración del Gobierno y la pregunta que me hago es por qué durante un año nunca dijeron que esa ley era una locura y que iba a quebrar al país", cuestionó.
El Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, reiteró por su parte que el próximo 20 de julio, cuando inicia una nueva legislatura, "se van a presentar nuevos proyectos de ley sobre esta materia".
Sin embargo, dijo que antes de entrar en materia se deberá hacer un ejercicio de precisión para poder construir un consenso alrededor de un solo texto que busque garantizar los derechos de las víctimas.