Se trata de una proposición no de ley registrada para su debate en el Pleno del Congreso, a la que ha tenido acceso Europa Press, y en la que los socialistas exigen al Gobierno que garantice la protección jurídica del menor en cualquier circunstancia de riesgo o desamparo; refuerce la prevención para evitar situaciones de desamparo, mejorando las actuaciones en situaciones de riesgo.
Igualmente, quieren que esta nueva legislación simplifique que y mejore los procedimientos para la acogida familiar y la adopción; posibilite la adopción de mayores de 18 años, y regule el funcionamiento de los centros de menores con trastornos de conducta.
UNA LEY OBSOLETA
Según denuncia el PSOE, han transcurrido 18 años desde la aprobación de la citada ley orgánica (1996) y se han producido "importantes cambios sociales" que inciden en la situación de los menores y que demandan una mejora de los instrumentos de protección jurídica, en aras del cumplimiento efectivo de la Constitución, que encomienda a los poderes públicos el deber de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia; así como la protección integral de los hijos.
Además, el PSOE recuerda que este artículo establece que los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.
En este punto, la portavoz de Servicios Sociales del PSOE y autora de esta iniciativa, Rosa Aguilar, recuerda que el 20 de noviembre de 1989 la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó la Convención sobre los derechos del niño, en la que se reconocen los derechos "inalienables" de la infancia.
"La Convención establece, además, las obligaciones de los Estados, los poderes públicos, los padres, las madres y la sociedad en su conjunto, incluidos los propios niños, de garantizar el respeto de esos derechos y su disfrute por todos los niños sin distinción de ningún tipo. España ratificó la Convención un año después de su aprobación", incide la exministra socialista.
De acuerdo con la Constitución española, subraya también que la Convención es parte integrante del ordenamiento jurídico español, de aplicación directa en España, así como el "estándar mínimo" que debe respetarse a la hora de legislar y desarrollar políticas públicas que afecten a la infancia.
Junto con las previsiones del Código Civil en esta materia, constituye un marco regulatorio que considera a las personas menores de edad como sujetos de derechos, garantizándoles una protección uniforme en todo el territorio del Estado y que ha servido de modelo a la legislación que las comunidades autónomas han ido aprobando de acuerdo con su competencia en esta materia, señala Aguilar
"En lo relativo a la protección de lo niños no se debe bajar la guardia bajo ningún concepto ni excusa. Es necesario seguir avanzando y respondiendo a la evolución de la sociedad", destaca la diputada por Córdoba del PSOE.
YA SE DEBATIÓ EN EL CONGRESO
En este punto, indica también que el PSOE a mediados de 2013 trajo al Congreso una proposición de ley de actualización de la legislación de protección a la infancia, cuyo contenido era básicamente el del anteproyecto de Ley elaborado en la anterior legislatura con las recomendaciones que la Comisión especial creada en el Senado había aprobado por unanimidad en noviembre de 2010.
Según defiende, en este texto legislativo se contó con las aportaciones de las comunidades autónomas, del Defensor de Pueblo, de la Fiscalía General del Estado, del Comité de Derechos del Niño, de expertos y de organizaciones de defensa de la infancia.
El debate de toma en consideración de dicha proposición de Ley se celebró el 7 de mayo de 2013, resultando rechazada por los votos del Grupo Popular, cuya portavoz afirmó que "su grupo coincidía con el fondo de la propuesta, pero que no apoyaría la toma en consideración porque el Gobierno llevaba meses trabajando para abordar la reforma legislativa propuesta, un trabajo que vería la luz en próximos meses".
Rosa Aguilar denuncia que han transcurrido "muchos meses" desde aquel debate y es por ello que registra esta proposición no de ley, de cara a instar al Ejecutivo de Mariano Rajoy a presentar esta "prometida" legislación sobre protección a la infancia, más si cabe después de haber conocido el informe antes mencionado de Save The Children.