Para la organización, esta situación infringe la normativa internacional sobre CITES ya que en su artículo 8 dice que en el caso que sea imposible o inadecuada la reintroducción del espécimen al medio silvestre, su cesión para su mantenimiento en cautividad o su donación para fines de investigación, o los especimenes padecieran de una enfermedad incurable, crónica o infecciosa, podrá aplicarse la eutanasia y, en su caso, la destrucción del espécimen vegetal.
Esto supone, por ejemplo que un chimpancé o un elefante que no se pueda ceder a un centro colaborador como zoológicos o centros privados, podrá ser entregado a un Centro de Experimentación e incluso sacrificarlo.
Proyecto Gran Simio considera que el Real Decreto no protege a la especies en peligro de extinción y solo se usa el CITES en calidad económica, de contrabando, pero no como protección. Precisamente, como el Estado no tiene ningún centro propio, deposita las especies en zoológicos y centros privados, a través de acuerdos previos.
Para el director ejecutivo de Proyecto Gran Simio, Pedro Pozas, el Parlamento Europeo debe tomar medidas porque el Real Decreto permite que especies que están en peligro de extinción sean sacrificadas "solo por no encontrar un lugar de cesión para su mantenimiento".
"Esto es una burla al catálogo internacional y nacional de especies en peligro. Solo existe un interés económico de sanción ya que se rige por la Ley de Contrabando, no importando en absoluto el destino y la vida de estos animales que son sustraídos de ecosistemas protegidos", ha denunciado.
A su juicio, los asuntos relacionados con los animales en peligro de extinción, tanto de los de España como del mundo, deberían estar encuadrados en España en una Subdirección General exclusiva de Protección Animal dentro del Ministerio de Medio Ambiente.
En definitiva, Proyecto Gran Simio que puesto que ya ha reclamado la "derogación inmediata" del Real Decreto y ante el silencio administrativo, ha pedido al Parlamento Europeo que estudie el caso y, en su caso, tome medidas para evitar por ley el sacrifico de animales inocentes que son considerados "meros objetos económicos".
* En su petición al Parlamento Europeo insta a que el Estado construya sus propios centros de rescate sin depender de personas o instituciones particulares.