En realidad, ha sido el argumento dado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) la que ha fundamentado la decisión judicial y ha hecho innecesario que puedan analizarse las alegaciones planteadas por Sanidad.
El Ministerio solicitó la nulidad de cinco artículos y de la disposición transitoria del Decreto por entender que la regulación autonómica resultaba contraria a la estatal.
La postura de Sanidad
Entre otras cosas, Sanidad ha defendido siempre que el Decreto madrileño permitía fumar en lugares que prohíbe la Ley, como las cafeterías con más 100 metros cuadrados de superficie ubicadas en centros de trabajo.
También que autorizaba aspectos rechazados en la Ley, como los "espacios reservados" para fumadores en cualquier establecimiento de hostelería, independientemente de su tamaño.
No se escuchó a los consumidores
Pese a esto, la sentencia declara que "no cabe duda" de que se trata de "una disposición reglamentaria que afecta a los derechos e intereses de los consumidores", aunque "bajo el punto de vista de protección de la salud".
La "nulidad de pleno derecho" por ese motivo, precisa el Tribunal, "impide que puedan analizarse las restantes alegaciones planteadas en este recurso contencioso administrativo".
Petición de la OCU
Sabida la decisión del Tribunal, la OCU ha solicitado al Ministerio de Sanidad y Consumo que presente una nueva Ley estatal sobre el tabaco que evite la "dispersión" de criterios en las diferentes comunidades autónomas.
Para evitar esta "dispersión" normativa e incluso las diferentes interpretaciones de distintos Tribunales Superiores de Justicia, a juicio de la OCU, el Ministro debería plantearse "seriamente" una modificación de la Ley, en la que se establezca "claramente" el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de un aire libre de humo de tabaco en todos los espacios públicos cerrados. RSO