Su denuncia motivó una inspección de Trabajo, que ha propuesto multar con 6.000 euros a la empresa por no haber consultado a sus empleados.
La entidad dice que ya lo hizo en 1997 cuando se aprobó el uniforme de falda y cofia y consideran, además, que no atenta contra la dignidad y el honor de las enfermeras.
La directiva aboga por un Plan de Igualdad con las mismas exigencias para todas las instituciones andaluzas. Por el momento recurrirán el informe de la multa y apelarán a los tribunales. Alegan que decidir la indumentaria de la plantilla es un derecho del empresario.