Las Abuelas de Plaza de Mayo y la Asociación española para la Recuperación de la Memoria Histórica son algunas de las "decenas" de entidades que denunciarán ante la justicia federal argentina el 14 de abril "genocidio" y "delitos de lesa humanidad" cometidos en España de 1936 a 1975, que comprende la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura (1939-1975), dijeron hoy a Efe fuentes de los demandantes.
"La querella está basada en el principio de jurisdicción universal existente en la Constitución argentina y consagrado en el derecho internacional, y que basó también las actuaciones que el juez Baltasar Garzón encabezó en España", explicó Carlos Slepoy, uno los abogados que trabaja en la querella en colaboración con entidades humanitarias locales.
La denuncia incluirá al menos a dos familiares de víctimas del franquismo, entre ellas a los de Severino Rivas, fusilado en 1936 cuando era alcalde de la localidad de Castro de Rei.
Rivas permaneció como desaparecido hasta que en 2005 fueron encontrados sus restos en una fosa común, explicó hoy su hijo, Darío Rivas, de 91 años.
"Reclamo algo que me corresponde: justicia para gente que fue asesinada sin justicia. No estoy reclamando para mí solo, sino por todas las víctimas. Franco dijo que iba a dejar todo bien atado y que iba a seguir gobernando después de muerto y en España se sigue sufriendo los 40 años de dictadura", afirmó Rivas.
Los denunciantes confían en que habrá "muchos imputados" por esta causa, "varios de ellos con posiciones de gran poder en España", según Slepoy, quien intervino como parte querellante en los juicios que instruyó el juez Garzón contra Jorge Videla y otros responsables de la dictadura argentina (1976-1983).
La demanda menciona a los "113.000 desaparecidos y más de 30.000 niños secuestrados y privados de su identidad" durante la dictadura de Franco, de acuerdo con los datos rescatados de las actuaciones del juez Garzón.
La denuncia que se prepara en Argentina coincide con el proceso abierto en España a Baltasar Garzón por un presunto delito de prevaricación tras haberse declarado competente para investigar los crímenes y desapariciones durante la Guerra Civil española y la dictadura franquista.
Para Beinusz Szmukler, presidente del Consejo Consultivo Continental, organización no gubernamental que trabaja con la ONU, la "paralización" en España de las actuaciones por los crímenes del franquismo incentivó el avance de la querella ante la justicia argentina.
"Garzón hizo algo que se reclamaba hace mucho tiempo. Es una iniciativa valiente que la misma ley española establece y quienes están queriendo procesarlo van en contra de las leyes", opinó Slepoy, quien también participó en el proceso contra el ex marino Ricardo Miguel Cavallo, sometido a juicio por delitos cometidos en la mayor cárcel clandestina de la dictadura argentina.
"Para ser claro: Garzón no es el prevaricador; los prevaricadores son los jueces que quieren procesarlo y, si lo inhabilitaran, llegará el día en que estos mismos jueces sean juzgados por prevaricadores", afirmó el letrado, que reside en España.
Slepoy consideró "absurdo" que España se base en el principio de "jurisdicción universal" para los crímenes "de fuera" del país pero no los admita "dentro".
Garzón, juez de la Audiencia Nacional española, obtuvo fama internacional al procesar en 1998 al dictador chileno Augusto Pinochet y llevó adelante procesos contra represores argentinos bajo el principio de "jurisdicción universal", recordó el abogado.
Ese principio es "el mismo" que se aplicó contra Pinochet y en el juicio contra el ex piloto naval argentino Adolfo Scilingo, a quien la Justicia española condenó en 2007 a 1.084 años de prisión por crímenes de la dictadura argentina, añadió.
"No cabe la amnistía en estos delitos, son imprescriptibles", sostienen los querellantes, que confían además en que esta causa servirá para que "tribunales de otros países también juzguen los crímenes del franquismo".