En un comunicado, el organismo afirma que la situación en la valla de Melilla es "una vez más motivo de preocupación" para ACNUR, que reconoce la legitimidad de los Estados para proteger y vigilar sus fronteras, pero "considera imprescindible que se lleve a cabo en un ambiente libre de violencia y con pleno respeto a los derechos humanos".
A su juicio, las medidas de vigilancia que se adopten para la gestión fronteriza deben cumplir con la legislación nacional y europea así como con los tratados internacionales de los que España es parte, en particular la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados.
Según ACNUR, los incidentes violentos relacionados con el control fronterizo podrían estar impidiendo el acceso al territorio español y al procedimiento de asilo a personas en necesidad de protección internacional que llegan a esta frontera sur de España huyendo de la guerra y de la persecución.
Asimismo, recuerda que "no es la primera vez" que se emplean métodos violentos contra quienes se encuentran en la valla de la frontera de Melilla, y que son retornados a Marruecos tras lograr saltar. El último episodio se produjo en el intento de entrada de unas 200 personas el pasado 15 de octubre.