El 20 de febrero de 1989, 57 jóvenes se declararon insumisos ante diferentes Gobiernos Militares del Estado español. Se negaban a hacer la mili y la prestación social. Once fueron detenidos e ingresados en diferentes prisiones militares. Comenzaba así la Campaña de Insumisión organizada por el Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC) que acabaría en 2001 con el fin del Servicio Militar Obligatorio y la creación de un Ejército profesional. A lo largo de los 12 años que duró la lucha, más de 20.000 jóvenes se declararon insumisos y 1.670 terminaron en la cárcel por defender su derecho a no hacer la mili ni la PSS. Se convirtió en "la más exitosa campaña de desobediencia civil en el Estado español y en Europa", según el MOC.
La lucha contra el Servicio Militar Obligatorio (SMO) había empezado mucho antes, cuando en 1971 Pepe Beunza se convirtió en el primer objetor al SMO por razones políticas y éticas. Con él, los objetores comenzaron una lucha que les llevó ante los tribunales castrenses y al cumplimiento de penas en prisiones militares por negarse a realizar la mili. A finales de los 80 se promulgó una ley que reconocía el derecho a la objeción de conciencia, estableciendo una Prestación Social Sustitutoria (PSS) de 18 meses como alternativa al servicio militar obligatorio. Los objetores procesados y cumpliendo penas en las penales militares fueron amnistiados. Pero algunos de ellos creían que la mayor duración de la PSS penalizaba a los objetores y que el objetivo debía ser la desaparición total del servicio militar. Con la renuncia a la amnistía, podían volver a ser llamados a filas. Cuando esto ocurrió, se declararon insumisos.
Perico Oliver, que pasó un año en la cárcel por declararse insumiso y que es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Castilla-La Mancha, define la insumisión como "una experiencia política única, que consiguió un amplio apoyo social y provocó una grave crisis de legitimidad en el sistema de reclutamiento, acentuando el divorcio del ejército y la sociedad, sobre todo de la juventud". Para Nacho, insumiso del Grupo Antimilitarista de Carabanchel y a AA.Moc Madrid, preso en 1995, "uno de sus éxitos fue la implicación de un colchón social importante alrededor de cada uno de los insumisos. Por otro lado, todo el carácter público de las acciones y presentaciones que se realizaban hacía que a la campaña se sumara más gente".
La insumisión era respaldada por grupos de apoyo que realizaron cientos de acciones para visibilizar la lucha antimilitarista: marchas a las prisiones, encadenamientos en los cuarteles, pintadas de distintos ministerios e instituciones, acompañamiento a los insumisos en la entrada a prisión, despliegue de pancartas, cambio de nombre de calles que pasaban a llamarse "de la insumisión", revueltas ciclistas, acampadas delante de cárceles, acompañamiento a juicios, visitas a las cárceles, etc. En la mayoría de los casos, estas acciones llevaban aparejadas costosas multas que se pagaban colectivamente. Para José Manuel, estos grupos tuvieron "un papel esencial en la campaña, ya que tenían dos funciones. Por un lado, eran el altavoz del insumiso preso, intentando conseguir la máxima repercusión pública y rendimiento político de su prisión. La otra función era el apoyo personal al insumiso y a la familia en su caso, intentando que el coste personal fuera el mínimo posible".
"No hay prisión que pare la insumisión"
El primer juicio militar contra insumisos se celebró el 16 de noviembre de 1989 y también se produjeron las primeras condenas de cárcel que los insumisos tuvieron que cumplir en cárceles militares ya que la jurisdicción era militar. En 1991, los casos de insumisión al servicio militar pasaron a la jurisdicción civil. Si el Código Penal Militar fijaba la pena mínima para los insumisos a la mili en un año de prisión, el Código Civil establecía unas penas más altas para los dos tipos de insumisión: de dos años, cuatro meses y un día hasta seis años. Maripi, activista en los Grupos de Apoyo a la Insumisión de Madrid, indica que, además, "el asumir las consecuencias de la desobediencia que llevaba a la entrada en prisión fue uno de los éxitos sociales ya que resultaba difícil de explicar por parte del Estado cómo un joven debía de estar preso durante 2 años, 4 meses y un día por negarse a hacer la mili".
Para Nacho, "los momentos de entrada en la prisión, siendo especiales, eran un momento más dentro de la campaña. Venían precedidos de mucho trabajo (preparación de juicios, prensa, talleres de cárcel, arreglar todas las cuestiones personales del insumiso, constitución en sí del grupo de apoyo, organizar la comunicación dentro-fuera, etc) además de la preparación de presentación que llevaba a la detención del insumiso".
Colapso de la PSS
El profesor de Ciencia Política de la Universidad del País Vasco, Rafael Ajangiz, en 'Objeción de conciencia, insumisión, movimiento antimilitarista', explica que, en 1993, sólo el 10% de los objetores de conciencia se incorporaba a la realización de la PSS ya que había 118.000 jóvenes que se habían declarado objetores. En ese año, había 58 insumisos en las cárceles. Un año después, se pasó a 189. Esto llevó, en 1994, al ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, a calificar la situación de auténtico "problema de Estado" ya que las fuerzas armadas empezarían a quedarse sin reclutas suficientes en tres años si la objeción continuaba siendo tan elevada.
"El volumen de resistencia al servicio militar en España ha sido el más alto conocido nunca en Europa" , indica Ajangiz. En 1995, la bolsa de objetores era de 200.000 y la objeción de conciencia crecía sin parar. Ese año se aprueba un Nuevo Código Penal que mantiene las penas de prisión para los insumisos, pese a que la oposición a estas condenas está extendida en la sociedad española. En 1998 se rebajan las penas y unos meses más tarde se aprueba una nueva ley de regulación de la PSS. El Gobierno, en ese momento del PP, anuncia que el último reemplazo de la mili dejará los cuarteles en diciembre de 2001. En el año 2002, el Gobierno se ve forzado a reformar el Código Penal y el Código Penal Militar para eliminar los delitos relacionados con la insumisión: se produce una amnistía para cerca de 4000 insumisos procesados y unos 20 insumisos en los cuarteles. Además, se eliminan los antecedentes por insumisión. La mili se convierte en historia.