"No existe un problema de seguridad ciudadana ni razones objetivas que justifiquen el aumento de infracciones o el endurecimiento de las sanciones. Por eso estamos hoy aquí, para exigir a la Comisión de Interior que defienda el derecho a la protesta y rechace con su voto aquellos artículos que la pongan en riesgo", ha afirmado María Serrano, portavoz sobre Política Interior en Amnistía Internacional España.
Para el portavoz de No somos Delito, Alejandro Gámez, "bajo una iniciativa en apariencia positiva como es promover la seguridad ciudadana, el Gobierno lo que realmente pretende es impedir de hecho y de derecho que los ciudadanos expresen públicamente su opinión". "Estamos seguros de que si las miles de manifestaciones de estos años hubieran sido de apoyo y no de crítica, el Gobierno no habría reformado la Ley", ha asegurado.
Entre las "preocupaciones" de las organizaciones en relación al proyecto figura la disposición adicional que permitirá a los agentes den Ceuta y Melilla devolver a Marruecos a pie de valla a los inmigrantes interceptados saltando en grupo. "El número de personas no justifica la no aplicación de las garantías y salvaguardas jurídicas a cada una de ellas de manera individual. Con este portazo a las personas migrantes y refugiadas, España estaría vulnerando sus obligaciones internacionales", denuncian ambas organizaciones.
Asimismo, critican de este proyecto que ha sido remitido para votación en el Pleno del Congreso, las "limitaciones para mostrar y difundir imágenes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado" que contempla y las "nuevas infracciones" que introduce, que, a su juicio, "podrían amenazar el ejercicio de derechos como la libertad de reunión pacífica, expresión e información".