La Unión Europea cuenta con un reglamento que regula el uso de determinadas sustancias químicas como herbicidas, productos de limpieza, conservantes y otros que, en determinadas concentraciones, pueden ser empleados para fabricar explosivos artesanales.
Por ejemplo, los Estados miembros deben contar con puntos de contacto nacionales a los que acudir para alertar de transacciones sospechosas o desapariciones de cantidades significativos de las sustancias cubiertas por esta norma.
Una vez abierto el expediente, Bruselas dará dos meses a las autoridades de los países afectados para responder a las dudas que plantea o iniciar la segunda fase del procedimiento que, en última instancia, podría llevar al Ejecutivo comunitario a denunciar a los incumplidores ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE).