La asistencia sanitaria será gratuita para los inmigrantes irregulares empadronados en Cantabria que acrediten no disponer de ingresos mensuales superiores a 532 euros mensuales. La Consejería de Sanidad arbitrará este medida a través de un programa de protección social de salud pública que espera poner en marcha en octubre y que supone no sólo la gratuidad de la asistencia sanitaria para los inmigrantes sin recursos, sino también el 50% del coste de los medicamentos.
Paralelamente, el Gobierno de Cantabria establecerá un convenio especial de acceso a la sanidad pública, mediante el pago de 60 euros mensuales para los menores de 65 años y 157 para los mayores de esa edad, dirigido a los denominados 'rentistas' -españoles que no trabajen pero tengan ingresos superiores a los 100.000 euros-, los europeos y los nacionales de terceros países que voluntariamente lo quieran suscribir para ser atendidos por el sistema público durante su estancia en Cantabria, en las mismas condiciones que los asegurados.
La vicepresidenta y consejera de Sanidad del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha presentado este viernes ambas novedades a la Plataforma contra la Exclusión Sanitaria, tras presentarlas en rueda de prensa junto con el balance de la atención sanitaria a extranjeros en situación irregular, precisamente el día en que se cumple un año de la reforma en materia de aseguramiento.
Sáenz de Buruaga ha repetido en varias ocasiones que durante este año, ninguna persona ha quedado desasistida y ningún inmigrante irregular se ha visto privado de asistencia sanitaria en Cantabria por no disponer de recursos económicos.
El 13 de septiembre de 2012, Sanidad retiró la tarjeta sanitaria a 4.819 inmigrantes irregulares mayores de 18 años, de los que casi el 32%, 1.528, han regularizado un año después su situación -según los datos aportados por la consejera-, "la inmensa mayoría tras darse de alta en la Seguridad Social", con lo que cotizan y pagan impuestos como todos los españoles".
La titular de Sanidad ha puntualizado que "es más que probable" que un elevado número de los 3.282 restantes haya retornado a su país de origen. Según ha señalado, la sanidad cántabra ha prestado desde en este último año 9.069 asistencias sanitarias a no asegurados, 5.754 en atención primaria -el 56% a menores de 18 años, colectivo fuera de facturación-, y 3.315 en atención especializada.
La consejera ha destacado que si el paciente extranjero irregular carece de ingresos suficientes, no abona la asistencia recibida, corriendo el coste de la misma a cargo del sistema público. Ello requería un complejo proceso de cruce de datos a través de los Servicios Sociales para determinar la existencia o no de ingresos que a partir de octubre no será necesario en el caso de los inmigrantes sin recursos que soliciten su inclusión en el programa de protección social de salud pública.
REQUISITOS
Para ello tendrán que acreditar no estar asegurado en el SNS, no tener suscrito convenio especial ni poder exportar el derecho a la asistencia sanitaria desde el país de origen o procedencia; estar empadronado en Cantabria durante al menos un año; y no disponer de ingersos en España o en su país de origen superiores a 532 euros mensuales.
La consejera ha destacado que este programa supone "una garantía adicional" que refuerza la política sanitaria que se viene aplicando en Cantabria en relación a los inmigrantes irregulares, y ha subrayado que "lejos de rebelarnos contra nada o de incumplir nada", el Gobierno regional está "mejorando y clarificando la aplicación de la reforma del aseguramiento", "cumpliendo estrictamente la legalidad".
Por último, ha señalado que este nuevo instrumento, en cuya puesta en marcha espera contar con la colaboración de los colectivos y organizaciones implicadas, reporta "claros beneficios" para la Administración, para los inmigrantes irregulares y para la sociedad en su conjunto, entre otras cosas porque "contribuirá a poner fin a la demagogia y manipulación cruel e irresponsable de quienes vienen haciéndola sin aportar nada".