Un portavoz del Palacio de la Zarzuela ha respondido a Europa Press que el contenido de la conversación entre Miguel Bernad y la abogada que representa a ese sindicato en el caso 'Nóos', Virginia López Negrete --desvelada por el diario 'El Mundo'-- hace referencia a un asunto que está en los tribunales, por lo que la institución no tiene ningún comentario que hacer a ese respecto.
En esa conversación en una cafetería madrileña, Bernad le cuenta a López Negrete un supuesto encuentro con Íñigo Alfonso de Cotoner y Martos, actual marqués de Mondéjar e hijo de Nicolás Cotoner y Cotoner, exjefe de la Casa del Rey y asesor y amigo personal de Don Juan Carlos.
Según Bernad, a través del marqués le habría llegado un ofrecimiento del Rey Don Juan Carlos en diciembre de 2015, es decir, después de su abdicación, por el que ofrecía a Manos Limpias más de dos millones de euros a cambio de retirar la acusación contra la Infanta.
Preguntado por estas conversaciones, el portavoz ha recordado que la Casa del Rey se ha pronunciado oficialmente en varias ocasiones con respecto a la situación procesal de la Infanta Cristina en el 'caso Nóos' y que, con Felipe VI en el trono, siempre se ha pronunciado en el mismo sentido, expresando su "absoluto respeto a la independencia del poder judicial".
Sin embargo, con Don Juan Carlos en la jefatura del Estado la Casa Real reaccionó expresando su "sorpresa" por la decisión del juez José Castro de imputar a la Infanta en abril de 2013 y respaldando la intención de la Fiscalía de recurrir esa imputación.
En el conocido como 'caso Nóos' se juzga el presunto desvío de 6,2 millones de euros públicos de los que se habrían apoderado tanto el marido de la Infanta Cristina, Iñaki Urdangarin, como su exsocio Diego Torres, a través de una compleja maraña de empresas ficticias con el Instituto Nóos como epicentro de la trama.
La Fiscalía Anticorrupción reclama más de cien años de cárcel para catorce de los acusados, 19 y medio de ellos para el marido de la Infanta y 16 y medio para Torres.
PIDEN OCHO AÑOS PARA LA INFANTA
La hermana de Felipe VI se enfrenta a una petición de ocho años de prisión como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales, una solicitud que formula el sindicato Manos Limpias, única acusación del proceso que ejerce acciones penales contra Cristina de Borbón.
Manos Limpias considera que el papel de la Infanta fue imprescindible para que su marido defraudase hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF correspondientes a los años 2007 y 2008 a través de la empresa de la que ambos son copropietarios, Aizoon, y que constituía una de las mercantiles 'pantalla' que integraban el conglomerado empresarial urdido por Urdangarin y su exsocio.
El Ministerio Público considera en cambio que no existen sobre ella indicios de haber cometido delito alguno, si bien sostiene que ésta habría obtenido un beneficio o aprovechamiento ilícito de los fondos supuestamente defraudados por su marido.